Desmantelan un grupo criminal que se apropiaba de inmuebles de personas con problemas económicos

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un grupo criminal que se apropiaba de inmuebles de personas con problemas económicos, con casos confirmados en el Maresme, y han detenido a nueve personas en Cataluña y Baleares. Entre ellas, el líder de la trama, que ya había sido arrestado anteriormente por estafas y otros delitos, e incluso condenado. Los investigadores tienen constancia de 18 víctimas, con inmuebles en el Maresme, así como en Barcelona, Badalona, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Madrid y Ciudad Real. Los estafadores pagaban deudas de las víctimas firmando un contrato privado donde también recibían los poderes de las propiedades sin que los propietarios lo supieran. La investigación se ha llevado a cabo en colaboración con la Policía Nacional, la Agencia Tributaria de Cataluña y la Agencia Tributaria.

La investigación comenzó en 2022, cuando los Mossos, a raíz de una querella en un juzgado de instrucción de Barcelona, detuvieron a cuatro personas que se habían apropiado de forma fraudulenta de un piso de una mujer fallecida sin herederos legítimos.

La trama giraba en torno a un bufete de abogados de Barcelona, pero ha sido la Unidad de Investigación de Premià de Mar la encargada del caso, ya que una de las operaciones tenía relación con una localidad del Maresme. Fue entonces cuando empezaron a tirar del hilo. Los investigadores constataron que no se trataba de un hecho aislado, sino que detrás había un grupo criminal que obtenía los poderes de propiedades inmobiliarias para venderlas y obtener grandes beneficios económicos.

El modus operandi era siempre el mismo: primero captaban a las víctimas, personas vulnerables con poca formación financiera y con deudas o necesidad económica urgente. Firmaban un contrato privado en el que los estafadores pagaban las deudas de las víctimas y, a cambio, obtenían un poder notarial de los inmuebles con la excusa de realizar el trámite con la empresa que les otorgaba el crédito para saldar las deudas.

Con ese contrato firmado ante notario, las víctimas otorgaban poderes, sin saberlo, a los estafadores, quienes podían entonces realizar un acta notarial de compraventa de inmuebles entre ellos mismos. Para este trámite usaban empresas a nombre de testaferros, muchas de ellas sin actividad económica, pero sobre las que ellos tenían control total.

Las compraventas se realizaban habitualmente en las mismas notarías donde se había firmado el contrato de poderes. Para llevarlas a cabo utilizaban un cheque manipulado que, por lo general, nunca llegaba a manos de la entidad bancaria. En ese momento, los estafadores ponían el inmueble a la venta a terceros que no estaban relacionados con la trama criminal.

En cuanto a las empresas a nombre de los testaferros, estas tenían cuentas bancarias a las que llegaba el dinero que las víctimas usaban para pagar sus deudas pendientes. Este dinero provenía de préstamos solicitados a distintas entidades bancarias, diseñados para no ser detectados por las autoridades fiscales.

Estas empresas aparentaban tener una gran actividad comercial y credibilidad financiera para solicitar préstamos bancarios. Para manipular esta imagen, contrataban a empresas especializadas. En algunas ocasiones también contrataban seguros para cubrir eventualidades y disponer de dinero para otras inversiones. Los investigadores verificaron, a través de información de las declaraciones de la renta, que los datos habían sido manipulados para simular relaciones con importantes empresas de renombre.

Una de estas empresas solicitó en 2019 préstamos por más de 200.000 euros a distintas entidades bancarias, que nunca devolvió. Según la Agencia Tributaria, entre los testaferros y las empresas acumulan una deuda total de casi un millón de euros.

Las detenciones se llevaron a cabo el 25 de noviembre. A los detenidos se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, oficiales o mercantiles, y fraude a la Hacienda Pública.

Los arrestos se realizaron de forma simultánea en Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa e Ibiza, donde se incautaron cerca de 100 pruebas, como talonarios, escrituras, poderes, contratos privados y documentación de testaferros, así como más de 6.500 euros en efectivo. De los nueve detenidos, cuatro quedaron en libertad tras declarar en dependencias policiales, y los otros cinco pasaron a disposición judicial el 27 de noviembre.

En una rueda de prensa para explicar el caso, el inspector Miquel Àngel González, jefe de la comisaría de Premià de Mar, y el sargento Carlos Lamiel, subjefe de la unidad de investigación, describieron al líder del grupo como una persona "muy narcisista" que "engañaba a las víctimas con mucha facilidad". Se trata de un abogado que ya había sido investigado por estafar a decenas de víctimas y que incluso había sido condenado por otros delitos. En esta ocasión, fue detenido mientras jugaba un torneo de golf en Palma de Mallorca.

Los Mossos d'Esquadra no descartan que puedan aparecer más víctimas de este grupo criminal y piden prudencia ante propuestas de compraventa sospechosas como las descritas. En este sentido, recomiendan contrastar la información con familiares o con otros abogados.