Santa Susanna vuelve a ser noticia por un posible delito ambiental, esta vez por culpa de una empresa y sin ninguna relación con el caso de las polémicas obras del Pla d'en Balasc que impulsa el Ayuntamiento y que ya han motivado denuncias al respecto. Según ha avanzado ACN y ha ampliado ElCaso.cat, una empresa con sede en Santa Susanna está bajo investigación por unos presuntos vertidos ilegales de aguas residuales con productos químicos en unos terrenos de su propiedad. El origen de la investigación se remonta al aviso de un vecino que alertó a las autoridades tras detectar actividades sospechosas en una finca del municipio.
Agentes de la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de los Mossos d'Esquadra de la región Metropolitana Norte comprobaron sobre el terreno que, efectivamente, se realizaban descargas de residuos en un punto no autorizado. Todo indica que la compañía, dedicada a la limpieza de fosas sépticas y a los desatascos en distintos municipios del Maresme, pretendía ahorrarse los gastos derivados de llevar los residuos a una depuradora o a un punto verde, tal como obliga la normativa. Los vertidos se habrían realizado en una finca situada junto a campos de agricultura ecológica, incluyendo parcelas donde se cultivan las conocidas fresas del Maresme. Esta circunstancia incrementa la gravedad de los hechos, ya que un posible derrame químico podría afectar directamente a los cultivos y poner en riesgo tanto la producción local como la salud de los consumidores.
- Fuentes de los Mossos consultadas por El Caso confirman que se ha abierto una investigación para delimitar el alcance del daño ambiental y determinar si la actuación de la empresa puede constituir un delito contra el medio ambiente.
- Paralelamente, la Agencia Catalana de Residuos ya ha activado el procedimiento sancionador correspondiente.
Aunque de momento no hay constancia de que los campos ecológicos de los alrededores hayan resultado afectados, la proximidad de los vertidos genera preocupación entre agricultores y vecinos. Este episodio pone de relieve la fragilidad de los ecosistemas agrícolas del Maresme y la necesidad de reforzar los mecanismos de control ante prácticas empresariales que, por ahorrar costes, pueden causar un impacto irreparable en el territorio.
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