Harán cerrar una fábrica porque el ruido molesta los vecinos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) urge el Ayuntamiento del Masnou y la Generalitat de Cataluña a precintar una fábrica de vidrio ubicada en pleno casco urbano de la localidad maresmenca si no se toman medidas inmediatas para "corregir definitivamente" el exceso de ruido que afecta los vecinos de la zona. El julio de 2020 el TSJC dio la razón a una quincena de vecinos en litigio desde 2006 y lamentaba la "incompetencia" de las administraciones en no hacer cumplir la normativa después de tantos años de pruebas de sonometria evidenciando la irregularidad. Ahora, más de un año después, la empresa continúa operante y el TSJC avisa en un auto que "no se han adoptado las actuaciones oportunas" para acabar con los ruidos y exige cumplir con la sentencia.

Las quejas de los vecinos por los ruidos de la empresa Ramon Clemente empezaron el 2006, cuando se construyeron las viviendas. En este quince años se han hecho innumerables mediciones de ruido, donde se ha evidenciado que la industria superaba los límites permitidos. Aún así, la empresa ha continuado operando con normalidad, con el visto bueno del Ayuntamiento y la Generalitat.

Crítica a las administraciones

En este sentido, en la sentencia de julio de 2020, los magistrados ya lamentaban la "tibia reacción" de las administraciones ante una problemática que se ha arrastrado varios años y los reprochaban que se quisieran desempallegar de responsabilidades: "Las dos administraciones son competentes en sus respectivos ámbitos".

El Ayuntamiento, según recogía la sentencia, solo ha sancionado "levemente" la empresa con una multa de 900 euros "ya muy al final" del proceso, mientras la Generalitat renovó la licencia ambiental de la empresa el 2017 todo y las "deficiencias detectadas" en los continuos controles de ruido que se han hecho a lo largo de los años.

Un sonómetro durante seis meses

Desde el Ayuntamiento aseguran que la empresa ha tomado medidas en los últimos meses para minimizar el impacto acústico y confía que no tenga que cerrar por culpa del ruido. Para poder mantener la actividad, los magistrados exigen el aval de una prueba de sonometria continúa durante seis meses que permita determinar si el ruido que llega a las casas es o no el aceptable.

La regidora de Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible, Cristina Ramos, explica que el aparato se instalará en las próximas horas en una farola de la misma calle de las viviendas afectadas. Todo y las medidas, los vecinos auguran que el problema "no tiene solución" porque los ruidos continúan siendo muy fuertes e instan el Ayuntamiento a impulsar el traslado de la planta fuera del núcleo.