Un grupo de menores tutelados sale del albergue en el Masnou, el 5 de julio de 2019. Foto: ACN
Un grupo de menores tutelados sale del albergue en el Masnou, el 5 de julio de 2019. Foto: ACN

Juicio por el ataque al centro de menores migrantes del Masnou: "desprecio a su origen nacional"

Fiscalía señala a siete personas para quienes pide entre dos y cuatro años de prisión por actuar con motivaciones racistas. El ataque se produjo en 2019 y no se juzgará hasta el año que viene

El juicio contra los atacantes del albergue 'El Balquer' del Masnou que alojaba a menores tutelados, en el año 2019, ya tiene fecha. Será el 6 de julio de 2027, dentro de dos años y cuando ya se habrán cumplido ocho años de los hechos. La Fiscalía señala a siete personas, para quienes pide entre dos y cuatro años de prisión por actuar con un "claro desprecio y animadversión al origen nacional de los menores".

Entre los acusados se encuentra el portavoz de VOX en la Diputación de Barcelona, Jordi de la Fuente, para quien la Fiscalía pide dos años y dos meses de prisión. También están encausados dos activistas antifascistas acusados de atentado a la autoridad y para los que se solicitan las mismas penas de dos años y dos meses de prisión.

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Menores tutelados en el centro en el año 2019

Un centro, atacado en 2019

El centro, que cerró en el año 2020, fue noticia en julio de 2019 cuando un grupo organizado lo atacó, en una acción coordinada por grupos de extrema derecha. El episodio terminó con cinco heridos leves, entre ellos menores que requirieron atención médica, así como un agente de los Mossos. El incidente se produjo después de que un menor tutelado fuera detenido por intento de agresión sexual en el Masnou, al día siguiente de que otra agresión similar protagonizada por miembros del mismo colectivo tuviera lugar en Canet de Mar.

El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias condenó estos ataques "intolerables", y más teniendo en cuenta que son centros "de máxima protección, que acogen a las personas más vulnerables y que son un servicio público". Reiteró su rechazo frontal a estas actitudes "violentas" en espacios donde viven menores bajo la protección del Gobierno.

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