Capgròs
Jordi Turull, considera el hecho "un ejemplo más que desde las togas se combaten las urnas"
La Junta Electoral de Zona ha declarado "inelegible" el alcaldable de Juntos en Argentona, Eudald Calvo, que el 17 de noviembre pasado fue condenado a seis meses de inhabilitación por hechos relacionados con el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre del 2017. La defensa de Calvo recorrió la sentencia, que ahora está bajo estudio del Tribunal Supremo, pero la Junta Electoral ha argumentado que en delitos de prevaricación, malversación o contra la administración la pena se tiene que aplicar con efecto inmediato.
El secretario general de Juntos por Cataluña, Jordi Turull, ha considerado la decisión "inaceptable" y "un nuevo caso de represión". Y ha añadido: "Un ejemplo más que desde las togas se combaten las urnas".
Alcalde cinco años, incluido el 2017
Calvo, que fue alcalde de Argentona por la CUP entre el 2015 y el 2020, fue condenado a seis meses de inhabilitación por desobediencia grave por el referéndum del 1-O. Después de plegar por unas acusaciones de abusos sexuales que se habrían cometido 11 años antes y que no llegaron nunca a los juzgados, el abril del 2022 fichó como alcaldable de Juntos por Cataluña para las municipales del 28-M.
"Desde Junts per Catalunya batallaremos con todos los recursos jurídicos que estén en nuestras manos. Todo nuestro apoyo al Eudald Calvo y a Junts per Argentona", ha añadido Turull a Twitter.
Participación activa, según la sentencia
En cuanto a la sentencia judicial, el texto considera probado que Calvo dictó un decreto de alcaldía el 7 de septiembre del 2017 en que manifestaba el "apoyo lleno" al referéndum y posaba a disposición del Gobierno los locales habituales de los comicios electorales. Lo hizo, según el dictamen judicial, "con conocimiento de un informe" de la secretaría del Ayuntamiento de Argentona que advertía de la obligación de respetar la legalidad Constitucional y Estatutaria, así como los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. El mismo informe alertaba que las ejecuciones de actas como consecuencia de una convocatoria ilegal de referéndum podían comportar responsabilidades administrativas, penaltis y contables.
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