Agentes de la Guardia Civil están registrando este miércoles la sede consistorial del Ayuntamiento de Cabrera de Mar en el marco de una operación contra empresarios vinculados con el proceso soberanista que, supuestamente, formarían parte de una trama de malversación y blanqueo de capitales. El alcalde de esta localidad del Maresme, Jordi Mir es uno de los investigados.
La Guardia Civil ha detenido este miércoles Oriol Soler, vinculado a ERC, Josep Lluís Alay, director de la oficina de Carles Puigdemont, David Madí, excàrrec de CDC, y Xavier Vinyals, en un operativo contra empresarios cercanos al proceso soberanista. Según 'El Confidencial', también está detenido Xavier Vendrell, exdirigent de ERC. Fuentes policiales y judiciales han confirmado que hay una operación tutelada por el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, con secreto de actuaciones. Hay una treintena de entradas y registros en marcha y varios detenidos. Se los investiga por malversación, blanqueo de capitales y prevaricación, además de desórdenes públicos.

Personal del Ayuntamiento, durante el cacheo. Foto: Jordi Pujolar - ACN
El alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir, del PDeCAT, es uno de los investigados a quienes han requerido información sobre una cuestión relacionada con Vendrell. Los agentes de la Guardia Civil han llegado al Ayuntamiento de Cabrera causante estupefacción y el mediodía todavía no habían empezado el cacheo al despacho de Jordi Mir, espera que este llegara.

Agentes de la Guardia Civil al Ayuntamiento de Cabrera de Mar. Foto: Jordi Pujolar - ACN
Operación importante
La Guardia Civil tiene previsto hacer 31 cacheos domiciliarios en ocho partidos judiciales de todo Cataluña. El juzgado también investiga Jordi Serra, interventor delegado del Departamento de Presidencia con Carles Puigdemont; Toni Fusté y Roc Aguilera, de la empresa igualadina Events, también registrada y que organiza actas culturales y deportivos, y que ya fue registrada antes del 1-O por si tenía papeletas y urnas; Pilar Contreras, directora general de centros privados y concertados de la Generalitat; y Marta Molina Álvarez, excàrrec de ERC, vinculada en el Penedès y profesora de instituto en el Baix Llobregat.
Esta investigación, secreta durante un año y medio, la dirige el magistrado del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, después de abrir una pieza separada secreta en la causa contra supuestas subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona a entidades soberanistas, entre las cuales hay de próximas al antigua CDC, como CATMón e Igman.
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