Los pèrits defienden que el derrumbamiento fue por el mal estado del edificio

El juicio por el derrumbamiento de una casa en Caldes de Estrac ha acabado con la declaración de los pèrits aportados por la defensa. Según su versión, el inmueble no cayó como consecuencia de las obras de la Fundación Palau, como se ha denunciado, sino por las deficiencias estructurales de la misma casa. Por este motivo también han alertado que el resto de casas de la misma calle se podrían ver afectadas en el futuro, puesto que son de una misma promoción del mismo constructor.

En la calle Santema de Caldes de Estrac, paralelo a la riera del municipio, hay seis inmuebles y la mitad están en pie de guerra. Al número uno, la Fundación Palau seinstaló hace unos cuatro años y ahora está sentada como acusada de irregularidades en las obras y de provocar el derrumbamiento de la casa del número dos y de los daños estructurales del número tres. Los vecinos así lo denuncian y en la primera sesión del juicio, celebrada miércoles, el alcalde y patrón de la Fundación, Josep Maria Freixas, admitió que no se había solicitado ninguna licencia de obras. Los pèrits de la acusación, además, argumentaron técnicamente que la ausencia del edificio del número uno, que se va deconstruir para levantar la Fundación Palau, hizo caer el número dos.

Aún así, según los pèrits aportados por la Fundación, el arquitecto encargado de la obra y las empresas de construcción y deconstrucció, la casa cayó por su mal estado de conservación y por las deficiencias estructurales que sufría desde el primer día. Estos pèrits consideran que la casa no estaba muy hecha y que las obras de la Fundación Palau no afectaron en nada.

En el supuesto que los argumentos técnicos expuestos fueran ciertos, y teniendo en cuenta que la promoción de los seis inmuebles los hizo el mismo constructor, los números cuatro, cinco y seis de la calle Santema podrían sufrir consecuencias 'mañana mismo o de aquí cincuenta años', según ha explicado uno de los especialistas en estructuras que ha declarado en el juicio.

A la espera de la resolución de la jueza que instruye el caso, los afectados piden entre 295.000 euros, en el caso del número tres, y 720.000 euros, por el caso del número dos. Estas cifras incluyen, entre varias indemnizaciones, la reconstrucción total de las casas porque vuelvan a su estado originario.