Capgròs
El Ayuntamiento de Arenys de Mar ha hecho público que la Policía Local ha finalizado la investigación de un presunto caso de fraude en el padrón municipal, un fenómeno que preocupa cada vez a más municipios del país. Las diligencias se han enviado ya a la autoridad judicial para que continúe el procedimiento, después de que los agentes hayan recopilado pruebas de diversos empadronamientos irregulares, presuntamente vinculados a documentación falsa y certificados de convivencia manipulados. Según la nota de prensa municipal, la investigación ha permitido identificar a dos personas que se habrían empadronado en Arenys de Mar con contratos de alquiler falsificados en dos pisos de la localidad. A partir de ahí, habrían tramitado el alta en el padrón de seis personas más cada una, utilizando certificados de convivencia que no reflejaban la realidad. Los titulares de las viviendas confirmaron a la Policía Local que nadie había ocupado los pisos.
Actualmente, las personas implicadas se encuentran en paradero desconocido y figuran como investigadas por diversos delitos, a la espera de ser localizadas y de que se articulen las acusaciones pertinentes. Todo el material recopilado también ha sido trasladado a los Mossos d'Esquadra y al Cuerpo Nacional de Policía, que continuarán con las actuaciones correspondientes. El Ayuntamiento de Arenys destaca la “labor rigurosa” de los servicios municipales y la coordinación policial, que ha permitido evitar no solo la consumación del fraude, sino también la posible obtención ilegítima de ayudas públicas o documentación de residencia.
Un fenómeno creciente: otros municipios actúan contra el fraude en el padrón
El caso de Arenys de Mar se suma a un aumento de investigaciones y rescisión de empadronamientos falsos en toda Catalunya. Municipios grandes y medianos están reforzando los protocolos ante el incremento de situaciones en las que personas se empadronan en domicilios donde no residen, a menudo como parte de tramas destinadas a obtener documentación, ayudas o regularizaciones administrativas. Uno de los ejemplos más recientes es Sant Cugat del Vallès, que este noviembre ha dado de baja 322 inscripciones irregulares del padrón, casi todos los expedientes analizados durante una investigación iniciada en agosto. Estos se suman a los más de 4.000 empadronamientos fraudulentos cancelados entre 2019 y 2023. El consistorio ha anunciado un nuevo protocolo de empadronamiento para endurecer los requisitos y reforzar la “tolerancia cero con el fraude”.
También este noviembre, la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en empadronamientos falsos para obtener permisos de residencia y formalizar parejas de hecho ficticias. La organización, según la investigación, llegaba a cobrar hasta 15.000 euros por cada expediente tramitado.
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