La consellera de Interior, Núria Parlon, defiende que los ayuntamientos aprovechen las nuevas herramientas legales contra la multirreincidencia para actuar ante los delincuentes persistentes que acumulan condenas y generan problemas de convivencia e inseguridad. En una reunión con los alcaldes del Maresme celebrada este jueves día 22 en el Espai l'Amistat de Premià de Mar, Parlon se comprometió a acompañar a los municipios en la aplicación de la nueva normativa, especialmente aquellos que tienen menos recursos jurídicos.
La consellera destacó que la ley permite a los ayuntamientos "intervenir más activamente" en la persecución de los hurtos, ya que les reconoce legitimación para ejercer la acción penal en estos casos. También remarcó la posibilidad de que los juzgados adopten medidas cautelares para evitar la reiteración delictiva, siempre que se cumplan los requisitos legales.
"La nueva ley contra la multirreincidencia ofrece nuevas herramientas que debemos empezar a implementar", afirmó Parlon, que puso como ejemplo Barcelona, donde, según explicó, se ha conseguido una medida de presión preventiva contra un delincuente que acumulaba más de 34 condenas firmes.
Interior considera que Barcelona es un caso aparte por sus dimensiones y recursos, y que los municipios pequeños pueden necesitar apoyo para utilizar estos mecanismos. Por ello, Parlon ofreció "el acompañamiento" del departamento para resolver dudas y facilitar que los servicios jurídicos municipales puedan hacer uso de las nuevas posibilidades que prevé la ley.
La consellera también señaló que la respuesta policial debe ir acompañada de una justicia más ágil. En este sentido, apuntó al despliegue de nuevas unidades judiciales, previsto entre finales de este año y noviembre de 2027, para descongestionar los tribunales y agilizar los procedimientos.
¿Qué cambia con la nueva ley?
La Ley orgánica 1/2026, de 8 de abril, en materia de multirreincidencia, entró en vigor el 10 de abril. La reforma modifica el Código penal y la Ley de enjuiciamiento criminal para endurecer la respuesta ante la reiteración de determinados delitos, especialmente los patrimoniales de menor gravedad, como los hurtos y las estafas.
Entre las novedades, la norma permite que los ayuntamientos ejerzan la acción penal en los delitos de hurto y refuerza la posibilidad de que los jueces adopten medidas cautelares para prevenir la reiteración delictiva. También modifica el tratamiento penal de determinados hurtos y estafas cometidos reiteradamente, con supuestos en los que se pueden imponer penas más severas.