Capgròs
El Ayuntamiento de Vilassar de Mar ha remitido a la Fiscalía Provincial de Barcelona el expediente administrativo relativo a la tala de dos araucarias situadas en la calle del Mont, 95, después de que varios informes técnicos hayan confirmado indicios de un envenenamiento intencionado con herbicidas.
La decisión, formalizada el 15 de enero de 2026, llega después de casi dos años de controversia vecinal y de análisis que apuntan a un daño grave y deliberado sobre arbolado de gran porte, con posibles consecuencias penales.
Una tala inicialmente no justificada
El caso se remonta al 30 de abril de 2024, cuando la comunidad de propietarios solicitó licencia para talar los dos árboles. Paralelamente, un grupo de vecinos aportó un informe que certificaba que las araucarias estaban en buen estado de salud y no representaban ningún peligro.
Ante la discrepancia, el consistorio encargó un informe técnico externo. La inspección, realizada el 26 de julio de 2024, concluyó que los ejemplares presentaban buen estado estructural y sanitario, sin riesgo de caída a corto ni medio plazo, y que no quedaba justificada técnicamente su tala.
En aplicación del planeamiento urbanístico —que obliga a mantener la vegetación existente en parcelas no edificadas— el Ayuntamiento propuso la denegación de la licencia.
Indicios de fitotoxicidad y sospecha de herbicidas
La situación cambió el 24 de septiembre de 2024. Una nueva inspección, encargada por vecinos a la empresa 2AGRO, detectó un proceso grave de fitotoxicidad, con un 95% de la cima seca y la aparición de orificios en los troncos inexistentes dos meses antes. El informe apuntaba a un posible acto de vandalismo mediante un herbicida total, con daños irreversibles.
El 28 de octubre, vecinos contrarios a la tala aportaron otro informe, elaborado por Doctor Árbol, con analíticas del laboratorio KUDAM que dieron resultados positivos en glifosato y 2-fenilfenol, sustancias compatibles con un envenenamiento.
Un tercer informe externo, encargado por el Ayuntamiento el 19 de noviembre de 2024, concluyó que los árboles habían sido envenenados con herbicida y recomendó la tala inmediata de uno de los ejemplares por riesgo estructural.
Tala progresiva y comunicación a Fiscalía
La Junta de Gobierno Local autorizó el 22 de enero de 2025 la tala del árbol más afectado, que se ejecutó el 29 de enero, con obligación de reposición vegetal. El segundo ejemplar, inicialmente preservado, mostró una evolución negativa —con entre un 40% y un 50% de la copa seca— según un informe de mayo de 2025. Finalmente, su tala se autorizó en noviembre del mismo año.
Con los indicios técnicos que descartan causas naturales y apuntan a un daño intencionado con sustancias venenosas, el consistorio ha decidido poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que determine si pueden ser constitutivos de delito. Según apunta el Ayuntamiento, los hechos podrían encajar en el delito de daños previsto en el artículo 263 del Código Penal, agravado por el uso de productos tóxicos y la gravedad del perjuicio causado.
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