Capgròs
La Renta Garantizada de Ciudadanía supera los 163.000 beneficiarios en seis años. En concreto, a fecha 31 de julio, las personas beneficiarias son 163.739. En cuanto al porcentaje de solicitudes que cumplen los requisitos para recibir el RGC, este sigue mejorando y llega hasta el 44 %, en contraste con el 10 % de cumplimiento de los primeros años de puesta en marcha de esta prestación. El Departamento de Derechos Sociales reconoce que hay que mejorar el tiempo de resolución de las peticiones y recuerda que, por eso, se está desarrollando un plan de Transformación Digital que permita la automatización de los trámites y gestiones así como poderlos hacer telemáticamente de una manera más ágil y eficaz.
Todavía existe un número elevado de solicitudes que no cumplen los requisitos legalmente establecidos: un 25 % dispone de ingresos superiores a los umbrales que establece la ley, un 24 % no acredita insuficiencia de ingresos y un 10 % porque recibe otras prestaciones públicas o ayudas.
Desde la entrada en vigor del RGC en 2017 se ha producido un incremento notable de beneficiarios. Desde el año 2019 se ha registrado un aumento del 40 % del número de expedientes gestionados, pasando de los aproximadamente 118.000 el 2019 a los casi 166.000 actuales.
En cuanto al número de solicitudes, hasta julio de 2023 se han registrado 19.068 entre RGC y complementos asociados a esta prestación. El número de expedientes vigentes mujer actualmente cobertura a 103.724 hogares.
El presupuesto vinculado a esta prestación se ha incrementado en cerca de un 24 % y ha pasado de 352 millones de euros el 2019 a 528 millones el 2022. La inversión prevista para el 2023 asciende a 546 millones.
El Gobierno apuesta para incrementar la Renta Garantizada de Ciudadanía para luchar contra la pobreza infantil. El Departamento de Derechos Sociales defiende aumentar la prestación a las familias con más miembros y con niños a cargo, así como la no contabilización de los primeros 300 euros de los trabajos a las cuales puedan acceder por el cómputo del importe de RGC que los tocaría recibir.
La Generalitat reclama la gestión del Ingreso Mínimo Vital, así como hacer compatibles las ayudas a la vivienda con la RGC.
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