Un total de 338 de las 623 solicitudes que se han presentado en Mataró se podrán beneficiar de las primeras ayudas previstas por la nueva Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. A pesar de que entró en vigor a principios del 2007, en la ciudad no ha sido hasta el mes de mayo que se han empezado a tramitar las solicitudes, que en una primera fase se otorgarán a las personas con el nivel máximo de dependencia, el grado III.
La regidora de Bienestar Social, Carme Esteban, ha presentado este lunes día 19 en rueda de prensa el balance de los primeros meses de aplicación de la Ley de Dependencia a la ciudad. En Mataró, las solicitudes se pueden presentar a la Agencia de atención a la gente mayor y a las personas con dependencia, un servicio puesto en marcha por el Ayuntamiento de Mataró en 2003. De aquí, las solicitudes se derivan al equipo del SEVAD (Servicios de Valoración de Dependencia), integrado por médicos y enfermeras del Consorcio Sanitario del Maresme, y que a instancia de la Generalitat evalúan en cada caso el grado y nivel de dependencia de cada persona y determinan las qué ayudas a las cuales tienen derecho. Hasta el pasado mes de octubre, este servicio había valorado un total de 449 casos de los 623 presentados, de los cuales 338 se han considerado de gran dependencia, 73 de dependencia severa y 30 de dependencia moderada. Ocho de los casos no se han considerado dependientes.
Estos 338 casos se podrán beneficiar a partir de ahora de los servicios que fija la ley, que van desde la prevención y promoción de las situaciones de dependencia y de promoción de la autonomía personal, hasta la teleassistència, la ayuda a domicilio, los centros de día y por la noche y la atención residencial. Mataró dispone actualmente de una oferta de 705 plazas a residencias y 188 en centro de día, que atienen también casos de la comarca. Por eso, la ley contempla una serie de prestaciones económicas para pagar, en caso de que no se pueda conseguir plaza, un profesional o comprar el servicio, por asistencia personal a personas con gran dependencia o para ayudar a los cuidadores no profesionales y tener cura del entorno familiar.
Estos servicios son cofinanciados entre la Administración y los beneficiarios según su capacidad económica, el tipo de prestación y el coste del servicio. La regidora ha destacado la importancia de este copagament "porque sino el servicio sería insostenible". Según Esteban, la ley está pensada para ayudar las personas que se encuentran "en situación precaria". Por eso, cuando se presenta la solicitud, además del informe médico hay que presentar un documento con los datos económicos. Los datos que se piden corresponden a los últimos cinco años para evitar posibles abusos, puesto que, según ha añadido Esteban, "las persones dependientes con recursos pueden buscar los servicios en el ámbito privado".

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