Capgròs
Un total de siete familias que viven en un bloque de la SAREB situado en la calle Fray Luis de León, en el centro de Mataró, afrontan un desahucio administrativo este viernes 13 de marzo. El Sindicato de Vivienda de Mataró lamenta que se trata de un procedimiento impulsado por el Ayuntamiento, a pesar de que los inquilinos tienen contratos vigentes y están al corriente de pagos. El consistorio lo justifica como una medida necesaria para evitar un riesgo inminente de incendio, después de que la SAREB haya hecho caso omiso a las peticiones del consistorio para ponerle solución.
Según ha explicado en un comunicado este jueves el Sindicato de Vivienda de Mataró, el origen del problema se remonta a hace más de dos años, cuando la SAREB formalizó contratos de alquiler social con las familias. En aquel momento, sin embargo, los suministros de luz y agua ya no estaban en regla. Los inquilinos afirman haber intentado en múltiples ocasiones regularizar la situación, pero nunca han obtenido respuesta por parte de la propiedad. Por este motivo, no cuentan con suministros legales, lo que supone un riesgo.
Los inquilinos afirman haber intentado en múltiples ocasiones regularizar la situación
Ante el anuncio del desahucio, las familias han denunciado a través del Sindicato de Vivienda la falta de apoyo por parte del consistorio, al que acusan de haber "ignorado continuamente sus advertencias y peticiones". Según el sindicato, son las familias las que desde el primer momento han intentado regularizar la instalación eléctrica y garantizar su propia seguridad. “La SAREB atropella descaradamente los derechos de sus inquilinos, y el Ayuntamiento de Mataró, en lugar de exigir responsabilidades a la propiedad, lo que hace es castigar a las víctimas”, señalan desde la organización.
"Riesgo inminente de incendio"
El Ayuntamiento ha respondido que la actuación se enmarca en una medida de seguridad. Aseguran que han detectado un riesgo inminente de incendio en estas viviendas y que, al comprobar que la SAREB no ha realizado las actuaciones necesarias para solucionarlo a pesar de que se le requirió desde el consistorio, se ha procedido al desalojo administrativo para garantizar la seguridad de los residentes. Además, el Ayuntamiento afirma haber realizado las gestiones pertinentes para ofrecer una alternativa habitacional provisional a las familias afectadas.
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