El Ayuntamiento de Mataró sanciona a un vecino con 1.700 euros por arreglar la calle donde vive

Lo que para un residente de Mataró era una manera de contribuir a la mejora del espacio público de su barrio ha acabado derivando en un conflicto administrativo con el consistorio. Miquel, vecino de la calle del Cós que prefiere no dar su apellido, afronta un requerimiento municipal de 1.733,39 euros por haber actuado sin permiso en la vía pública, donde plantó cinco árboles, restauró dos bancos y reordenó diversas losas de la acera.

El afectado ya ha presentado un recurso contra la decisión defendiendo que en ningún momento dañó el mobiliario urbano, sino que intentó solucionar unas deficiencias que hacía años que denunciaba. Por su parte, la administración local mantiene que cualquier intervención no autorizada comporta un coste de restitución que debe asumir quien la ejecuta.

El origen de la intervención ciudadana

El origen de la disputa, que ha avanzado este martes día 21 el diario La Vanguardia, se remonta a 2021, cuando unas obras para instalar un cable de alta tensión afectaron el pavimento de la calle del Cós, un vial situado en el ámbito de Centre-Mar, entre las calles Sant Antoni y Sant Joan. Miquel asegura que el arreglo posterior se ejecutó de manera deficiente y que las piezas empezaron a moverse y romperse con el paso del tiempo. "El pavimento se deterioró y ya advertimos que se acabaría rompiendo", recuerda él mismo.

Durante los años siguientes, el afectado afirma que comunicó reiteradamente la situación al Ajuntament de Mataró por vía telefónica y aprovechando la presencia de brigadas municipales en la zona. Reconoce, eso sí, que no formalizó estas peticiones mediante instancias registradas: "Si lo he hecho mal porque se tenía que presentar una instancia, lo acepto".

Ante la falta de respuestas, decidió actuar por su cuenta. Adquirió cinco árboles de su bolsillo —pagando 34,50 euros por cada uno y escogiendo la especie incluida en el catálogo municipal—, restauró dos bancos muy deteriorados -con una restauración "creativa" que incluía pintar el nombre de Mataró y el escudo del Ayuntamiento- y sustituyó diversas piezas dañadas utilizando baldosas antiguas que su familia conservaba de la anterior urbanización de la calle.

Aun así, Miquel insiste en que nunca quiso suplir a la administración, ya que "entiendo perfectamente que este es un trabajo que corresponde al Ayuntamiento y que no lo tiene que hacer un particular".

La denuncia y la discrepancia sobre los daños

Los hechos llegaron a conocimiento municipal en agosto de 2024 a raíz de la instancia de otro ciudadano. Después de una inspección de oficio, los servicios municipales constataron los cambios realizados, concluyeron que se había alterado el entorno y exigieron el importe mencionado para restituir la zona a su estado original. Poco después procedieron a retirar todas las intervenciones que había hecho el vecino —bancos, árboles y adoquines—, de las cuales ya no queda ninguna en la calle.

Es precisamente esta calificación de los hechos la que Miquel rechaza frontalmente, considerando desproporcionado que se le acuse de haber causado desperfectos cuando se trató de simples tareas de mantenimiento. "Lo que denuncio es que se me sancione directamente por vía administrativa, sin ningún aviso previo, y que se me acuse de vandalismo. Yo no he dañado nada", mantiene el afectado. Para reforzar su argumento, añade que "barnizar un banco no es dañarlo; plantar un árbol donde no lo hay no es un acto de vandalismo; arreglar una baldosa rota no es un acto de vandalismo".

Además, Miquel recuerda que advirtió reiteradamente del mal funcionamiento del sistema de riego de los alcorques, tanto a los jardineros como a los responsables de la brigada, sin que el problema se resolviera. Ahora, lo único que pide con su impugnación es la anulación de la liquidación económica: "Lo único que quiero es que me devuelvan los más de 1.700 euros y que el Ayuntamiento haga el trabajo que le corresponde".

La versión municipal: restitución patrimonial, no una multa

Desde el Ayuntamiento de Mataró se remarca que el expediente abierto a Miquel no corresponde a una sanción por incivismo, sino a una reclamación de responsabilidad patrimonial para cubrir el coste de devolver el espacio público a su estado original. Ruiz destaca por este motivo que "esto no es una multa, sino que corresponde al coste de poder devolver a su situación de origen esta parte del espacio público".

La concejala recalca que el marco regulador reserva en exclusiva al Ayuntamiento cualquier intervención en la vía pública y recuerda que, "por normativa, sin ningún permiso, ningún ciudadano o ciudadana puede hacer modificaciones" en este ámbito. A pesar de la firmeza de la postura municipal, la concejala evita atribuir mala intención a la actuación del vecino: "Entiendo que sí lo hizo de buena fe, pero lo que sí es cierto es que manipuló el espacio público".

Uno de los puntos de discordia principales es la existencia de avisos previos. Mientras Miquel mantiene que llamó en varias ocasiones, el consistorio lo desmiente alegando la falta de registros oficiales: "Nosotros no tenemos constancia de ninguna queja ni ninguna instancia por esta razón en esta calle", apunta Ruiz.

Finalmente, la concejala subraya que la restitución respondía también a la petición de la persona que alertó de los hechos y advierte que permitir actuaciones individuales sentaría un precedente inasumible para la ciudad, ya que "ningún ciudadano es propietario de su tramo de calle para poder efectuar las modificaciones que le apetezcan". El procedimiento continúa ahora su tramitación administrativa a la espera de la resolución del recurso.