El alcalde de Mataró, David Boto, asegura en declaraciones a la ACN que el Ayuntamiento no tiene "nada a esconder", después de que Fiscalía ha abierto diligencias para investigar la desviación presupuestaría de las obras del edificio La Ringlera que promovió a la empresa municipal PUMSA, en 2007. Boto ofrece "máxima colaboración y transparencia" con la justicia y ha anunciado la creación de una comisión de seguimiento, formada por el secretario, el interventor, los gerentes del Ayuntamiento y de PUMSA y representantes de todos los partidos políticos. El caso de la Ringlera ha tenido enfrentados los últimos años al PSC y CiU, que ahora gobiernan plegados la ciudad. El alcalde, pero, asegura que ambos partidos actúan "como un solo gobierno".
"Todos tenemos el talante de colaborar con la justicia para perseguir cualquier indicio de cualquier cosa que se haya podido hacer mal", ha asegurado David Boto después de conocer que Fiscalía ha empezado a investigar un posible delito contra la administración pública por la desviación de más de un 40% de presupuesto en las obras de un edificio de oficinas.
La información, avance por el ACN, llega un año y medio después de que la documentación de la Ringlera llegara a manso de la Oficina Antifrau, a petición del gobierno municipal de entonces, liderado en minoría por CiU. Las obras se habían presupuestado bajo el mandato del tripartito por 18,1 MEUR, pero acabaron costando 25,6 MEUR.
Boto, pero, ha evitado hablar del pasado y asegura que ahora los dos grupos municipales actúan "como un solo gobierno". En este sentido, los primeros que han sido informados sobre el nuevo giro del caso de la Ringlera han sido el primer teniente de alcalde y ninguno de filas de CiU, Joaquim Fernández, así como la regidora de Urbanismo y el gerente de la empresa municipal PUMSA.

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Sin notificación judicial
El alcalde apunta que todavía es a la espera de recibir notificación oficial de los Juzgados, pero avanza que está a disposición de los estamentos judiciales para aclarar cualquier dato o proporcionar la documentación que puedan solicitar en el Ayuntamiento. Ya en su día Antifrau requirió diversa información sobre los procesos de licitación y adjudicación de la obra y en los próximos días la Fiscalía podría requerir nueva documentación al consistorio, así como citar a posibles testigos.
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