Este año hemos recibido una noticia que ninguna familia espera: nuestro hijo, que tenía que empezar I0 el próximo curso, se ha quedado sin plaza en la escuela infantil municipal.
Cuando te pasa a ti, las estadísticas dejan de ser números. Se convierten en una reorganización forzada de la vida familiar, en dudas sobre la conciliación laboral, en horas buscando alternativas y, sobre todo, en la sensación de que un servicio público esencial no llega a todas las familias que lo necesitan.
Los datos de la preinscripción son bastante claros. En I0 se han presentado 94 solicitudes para solo 63 plazas ordinarias. Esto significa que uno de cada tres niños de esta etapa queda inicialmente sin plaza. Hay escuelas donde la situación es especialmente complicada: en Tabalet, solo pueden entrar 7 de los 17 niños que lo han pedido; en Els Menuts, 8 de 19; en La Riereta, 8 de 11.
Es cierto que hay diferencias entre escuelas, pero la realidad es que la demanda supera claramente la oferta en los grupos de edad donde más necesitan las familias este servicio. Cuando esto pasa, la respuesta acostumbra a ser la misma: "siempre queda la opción de una escuela privada". Pero esta no es una alternativa real para muchos hogares.
Las cuotas de las escuelas infantiles privadas representan un esfuerzo económico muy importante para muchas familias. Cuando el acceso a una plaza pública depende de un sorteo o de la disponibilidad de plazas, quien no entra se ve obligado a asumir un coste muy superior o, simplemente, a renunciar temporalmente a la incorporación laboral de uno de los progenitores.
Esto genera una desigualdad evidente. El derecho a la educación de los más pequeños y a la conciliación no debería estar condicionado por la capacidad económica de cada familia.
Es cierto que planificar plazas no es sencillo. La natalidad varía, los movimientos de población también, y los recursos son limitados. Pero precisamente por eso es necesaria una planificación basada en los datos. Si sabemos que cada año hay una demanda muy elevada en determinadas etapas y centros, hay que anticiparse y ampliar la oferta allí donde sea posible.
También conviene recordar que una escuela infantil no es solo un servicio asistencial. Es un espacio educativo, de socialización temprana y de acompañamiento a las familias. Las administraciones llevan años reivindicando la importancia de los primeros años de vida; esta apuesta debe ir acompañada de los recursos necesarios.
No escribo estas líneas buscando culpables. Escribo como una madre que ha comprobado en primera persona qué significa quedarse fuera del sistema público. Y también como ciudadana que cree que esta situación merece un debate serio.
Quizás este año mi hijo acabará encontrando una alternativa. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿es normal que, en el año 2026, una familia tenga que confiar en la suerte o en su capacidad económica para acceder a una escuela infantil?
La respuesta, en mi opinión, es no.
Berta Massó Safont