Nombres propios, acusaciones duras, palabras gruesas. El Sindicato de la Vivienda de Mataró, con el apoyo de la Comisión Jurídica del Congreso de Vivienda de Cataluña y abogados especializados han comparecido ante los Juzgados de Mataró para denunciar una alianza que no dudan a calificar de tipo mafioso entre el poder político y judicial de la capital del Maresme peren contra el derecho a la vivienda y por la represión del movimiento que el defensa, cómo el propio Sindicato. Sostienen que Mataró se ha convertido "en un laboratorio de pruebas, de nuevas fórmulas y estrategias para reprimir" y posan nombres y apellidos a los culpables. Inician, dicen, una campaña. Acusan a tres nombres: son el juez Pablo Izquierdo, la decana del Colegio de abogados María Pastor y el alcalde de la ciudad David Bote. Contra ellos, la hacha de guerra en los frentes de la movilización, una primera queja judicial y una posible querella criminal.
"Una mafia política y judicial al servicio de los poderosos, de los bancos y de los fundes buitres más ricos del mundo". Es cómo el sindicato de la Vivienda considera la actual ofensiva. Los acusan de buscar atajos y estrategias de esquivar la resistencia vecinal. Al juez Pablo Izquierdo Pilar Sánchez, portavoz de la entidad, le ha dicho "llepacul número 1 de los fundes buitres" acusándolo de aprobar desahucios con fecha abierta contrarios a la legalidad e ignorar las moratorias al respeto aprobadas a nivel estatal. Le reprochan también posicionamientos públicos "de claro sesgo antiocupa" y es que aquí rae el grande dissens: el Sindicato reprocha que el tema de las ocupaciones de pisos a Mataró es un esperpento que se ha agitado voluntariamente por parte del triple frente sobre el que han cargado toda la tinta posible.
Contra María Pastor, decana del Colegio de Abogados de Mataró lo acusan de liderar "un protocolo judicial para esquivar los servicios sociales en la ejecución de desahucios, para impedir que puedan emitir informes de vulnerabilidad, para impedirlos su trabajo", ha dicho la portavoz de la entidad, que ha recibido el apoyo de una cuadragésima de personas en la comparecencia pública que ha hecho junto a una vecina desahuciada y de la entidad paraguas que recoge todo el movimiento por el derecho a la vivienda a nivel catalán. Critican que el protocolo "no evita el problema ni su raíz, solo acelera el ciclo del desahucio".
Bote y "la cursa para avanzar a Vox"
Contra David Bote, el PSC y su socio a Mataró y en el gobierno de Madrid también ha habido acusaciones directas. "Está en una cursa demencial para avanzar por la derecha Vox con un discurso de odio contra las familias pueblas y abanderando una campaña para desahuciar en 48 horas a personas que no pueden acceder a la vivienda. Al alcalde nunca le ha preocupado el malestar de los barrios y no hacen ni harán nada contra las mafias: castigan las víctimas de un negocio infame en lugar de perseguir a los criminales que se lucren", ha asegurado la portavoz de la entidad que acusa a las tres partes de la 'mafia' a no distinguir entre inquilinos y ocupas y "solo trabajar al servicio de los más poderosos y ricos del mundo".
Queja, posible querella y movilización
El Sindicato de la Vivienda, que exige el fin de desahucios en fecha abierta, la retirada del protocolo de los abogados y la retirada de la propuesta de ley por los desahucios en 48 horas (por la que tanto se ha querido significar el alcalde Bote) ha anunciado la presentación de una queja formal contra el poder judicial de la ciudad, una futura querella criminal (a pesar de anunciar que no tienen ninguna confianza) y una espiral de movilización contra quienes consideran responsables de la alianza. "Por cada nuevo movimiento de la ofensiva judicial encontraremos nuevas formas para responder", ha advertido Sánchez.
Por su parte, el representado de la comisión jurídica del movimiento por el derecho a la vivienda Max Carbonell ha asegurado a Mataró que "hay que acabar con las campañas antiocupació que estigmatizan y persiguen la pobreza, con ellas se crea un enemigo común que sería el ocupa por el cual hay impunidad y carta blanca política judicial y política por la extrema derecha, su discurso y organizaciones cómo Desokupa". También ha denunciado que "el marco legal y jurídico solo defiende a ricos y propietarios" y ha considerado "muy grave que se planteen ataques a los derechos fundamentales con propuestas de legislación claramente discrecionales cómo la propuesta de desahucios en 48 horas".