El colectivo Ronda recorre la decisión judicial de acabar el traslado

El colectivo Ronda, que comparece como acusación particular en representación de la Plataforma Salvamos Can Fàbregas, presentará un recurso contra la decisión judicial que autoriza el acabamiento del traslado de la fábrica de Can Fàbregas. La abogada del col•lectivo Ronda Agnès García explica que la decisión del juez contradice la medida cautelar de paralización de las obras dictada por el mismo magistrado. Según García, el juez se ha basado por esta nueva orden en el informe del arquitecto del Ayuntamiento, a pesar de que según la abogada, este sólo solicitó la autorización de la protección de las piezas almacenadas y el permiso para proteger las que todavía están en la fábrica.

La semana pasada, el juez autorizó en el Ayuntamiento el acabamiento de las obras, paradas el mes de enero por el mismo juez, cuando admitió a trámite la querella presentada por la fiscalía contra el alcalde, Joan Antoni Baron, por un presunto delito contra el patrimonio histórico y la ordenación del territorio. Todo y el levantamiento de esta medida cautelar, el juez mantiene la imputación del alcalde de Mataró, así como la del regidor de Urbanismo, Ramon Bassas; una arquitecta y una abogada del Ayuntamiento. Hasta la semana pasada, sólo quedaba en pie la base de la chimenea y algunas de las piezas de la planta baja de Can Fàbregas, donde está previsto que en un futuro se ubique el edificio del Corte Inglés. Aún así, los grandes almacenes todavía no podrán empezar a construir porque todavía está para resolver el futuro de los restos del subsuelo de la nave.

En un principio, el juez decidió parar las obras, pero el pasado viernes, día 9, autorizó porque se retomaran de nuevo. En los interlocutorios hechos públicos este viernes también se anunciaba la ampliación de la querella a petición de la fiscalía y ahora también consta como imputada una arquitecta municipal. El juez también amplió las diligencias y próximamente llamará a declarar como testigos a diferentes particulares, representantes del Ayuntamiento de Mataró y la Generalitat relacionados con el caso.