Judith Vives

El pleno aprueba el aplazamiento del PAUM para poderlo debatir con la ciudadanía

CiU se muestra especialmente crítica con el gobierno por su carencia de congruencia

El debate sobre la Pla de Actuación Urbanistica Municipal (PAUM) centró buena parte del pleno municipal de octubre celebrado ayer al Ayuntamiento. El gobierno trajo a aprobación el aplazamiento de la tramitación de este documento que recoge los criterios sobre la transformación urbanística de la ciudad para ampliar el periodo de debate público. Inicialmente, el PAUM se tenía que aprobar a finales de este mes de octubre pero la coincidencia en el tiempo con el proceso del presupuesto participativo y la petición formulada por los representantes de las entidades vecinales a las recientes jornadas sobre “Ciutat y territorio” han traído el gobierno a ampliar el periodo de información pública hasta el 28 de febrero del 2005.

Esta modificiació del programa de participación ciudadana del PAUM se aprobó con los votos a favor del PSC, ICV-EuiA y ERC y las abstenciones de CiU y el PP. Los partidos de la oposición también se interesaron, durante el pleno, por la incidencia que puede tener este aplazamiento en los procesos urbanísticos que hay actualmente en marcha.

CiU fue la formación que más crítica se mostró con la decisión del gobierno municipal, y así lo dejó notar en todos y cadascún de los debates sobre temas urbanísticos que se trataron durante el pleno. A parecer de la formación nacionalista, resulta incoherente aplaçar la tramitación del PAUM y, mientras tanto, salir adelante la modificación puntual del Plan General en ámbitos como el del Paseo Cabanelles y la Ringlera. “Vemos bien que se pare el PAUM, pero si esto no va acompañado de la paralización de los procesos urbanísticos, este aplazamiento será papel mojado”, dijo Antoni Valls. El regidor de CiU advirtió de las implicaciones políticas que se trasllueixen de este hecho y criticó el gobierno municipal de actuar “a piñón fijo”.

Por su parte, el popular David Rovira acusó el gobierno municipal de hacer las cosas “sin pensar”, hecho que provoca, a su parecer, “un desmadre y una sensación de incertidumbre derivada de hacer las cosas sin haberlas reflexionado”.

El regidor de Urbanismo, Arcadi Vilert, aseguró que los criterios que recoge el PAUM han sido estudiados y trabajados durante mucho tiempo, teniendo en cuenta las aportaciones de muchas personas y también las opiniones de los socios de gobierno. “Tengo que estar satisfechos porque hemos hecho un trabajo rigurós, y nos tenemos que mostrar convencidos y seguros ante la ciudadanía”, defendió Vilert, justificando de este modo la decisión de continuar adelante con los procesos urbanísticos a pesar de haber ampliado el proceso de debate del PAUM. Vilert recalcó, pero, que en ningún caso se saldrá adelante un proyecto urbanístico si del debate ciudadanosurge una propuesta mejor.

La propuesta de CiU
El debate sobre el PAUM se retomó cuando CiU presentó una propuesta de resolución en la que se pedía la suspenció de su tramitación, así como de los procesos urbanísticos ya iniciados. La formación nacionalista, por último, pedía la dimisión del regidor de Urbanismo como responsable político. Sobre este tercer punto, el portavoz de CiU Joaquim Esperalba reconoció que se trataba de un “petulancia” pero recalcó que se tenían que pedir responsabilidades políticas por este asunto.

Esperalba argumentó que la propuesta de su grupo municipal se basaba en la desconfianza hacia el gobierno municipal y en la incongruencia que supone suspender la aprobación del PAUM y mientras tanto salir adelante los proyectos concretos que este documento recoge. “No podemos pensar el futuro de la ciudad si lo hacemos de forma parcel·lada y a trocitos”, dijo Esperalba.

Vilert volvió a recalcar que no se puede parar la vida de la ciudad pero aseguró que ninguno de las decisiones que se tome hasta el 28 de febrero condicionará el debate sobre el PAUM que se hará contando con la ciudadanía. Finalmente, CiU accedió a dejar su propuesta sobre la mesa hasta que el pleno haya consensuado una declaración institucional que recoja el compromiso de no tomar ninguna decisión urbanística que sea irreversible.

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