Capgròs
Los grupo municipal popular propone hoy jueves día 12 en el pleno de enero la aprobación de una iniciativa en favor de la libertad de expresión que pretende expresar el rechazo a la nueva Ley de la Àudiovisual catalana a través de la cual se amplían las funciones de control y regulación del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC).
Concretamente, los populares quieren que se exprese el convencimiento por parte del consistorio que la libertad de expresión es un derecho fundamental y que como tal se tiene que respetar. Según los populares, tan sólo el poder judicial tendría que tener la facultad de juzgar las vulneraciones que puedan surgir de su ejercicio y no ningún organismo administrativo dirigido y nombrado desde una institución política como por ejemplo el gobierno de la Generalitat.
Según el portavoz popular, Paulí Mojedano, la nueva ley "es una regresión en el sistema de libertades. Es muy grave que un poder político se quiera erigir en garante de la verdad y limite la capacidad de expresión de los medios". Mojedano ha añadido que ya existe un poder encargado de velar porque todo aquello que vulnere el derechos fundamentales sea juzgado y condenado pero estos juicios no pueden recaer sobre instituciones políticas, claramente dirigidas en favor de los partidos gobernantes. El Grupo Municipal Popular se suma de este modo a la petición de derogación de las facultades del CAC hechas por el Comité Mundial de la Libertad de Prensa, el Instituto Internacional de Prensa y la Asociación Mundial de Diarios a los Presidentes de la Generalitat y del Parlamento. Por último Mojedano ha declarado que En Cataluña desgraciadamente hace tiempo que vivimos una situación en que aquellos que se cruzan en posesión de la verdad sobre el qué se ser catalán piensan que tienen el derecho a limitar los derechos de los ciudadanos que no son nacionalistas. Y esto los permite asaltar suyos de partidos democráticos, insultar, agredir y boicotear actos políticos. Lo ha sufrido el PPC y ahora también otros colectivos. Y ya ni ha bastante de aguantar matonades. Un estado de derecho no tiene que tolerar esto. Y el más grave, como ya hemos dicho otras veces, se que los responsables políticos otros partidos no abren nunca la boca para denunciarlo.
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