El Supremo confirma el arxivament del caso de los supuestos sobresous de la FMC

El Tribunal Supremo ha confirmado el arxivament definitivo del caso de las supuestas dietas y sobresous irregulares cobrados por 40 alcaldes y regidores como miembros de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), entre ellos los mataronins Joan Mora y Joan Antoni Baron. La Audiencia de Barcelona decretó el sobreseimiento libre hace un año al considerar que se trata de un ente privado y no se puede aplicar el delito de malversación de fondos públicos, pero la Fiscalía Anticorrupción recorrió la decisión. Ahora el Supremo considera que la decisión de la Audiencia no se podía recurrir al Supremo porque el tribunal barcelonés sólo resolvió un recurso contra interlocutorias de imputación del juzgado de Sabadell, sin que este hubiera hecho previamente ningún escrito de procesamiento formal de los imputados.

El Supremo no entra a valorar el fondo del asunto, sino que considera que al tratarse de un procedimiento abreviado se tienen que aplicar ciertas normas procesales. Así, el juez de Sabadell, que instruía todas las piezas del llamado 'caso Mercurio', no llegó a hacer ninguna interlocutoria de procesamiento o de fin de la instrucción, donde detallara los hechos punibles, los delitos cometidos y sus responsables, sino que se encontraba al inicio de la instrucción, y sólo hizo interlocutorias de imputación contra los alcaldes y regidores, con pocos detalles. Los imputados recorrieron estas interlocutorias a la Audiencia pidiendo la arxivament de la causa, y la Audiencia los dio la razón. La fiscalía recorrió la decisión de la Audiencia, insistiendo que más del 90% de los ingresos de la FMC proceden de administraciones públicas como ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones y otras subvenciones públicas, que todos sus miembros son cargos públicos, como alcaldes y regidores, y que sus finalidades tienen interés público, como asesorar los consistorios y defender sus intereses. Pero el Supremo considera que no se podía presentar recurso y por lo tanto confirma el arxivament dictado por el tribunal barcelonés.

Según la Audiencia, la FMC es un ente privado, a pesar de recibir la mayoría de fondo de arcas públicas, y por lo tanto no se puede acusar sus miembros de malversación de fondos públicos, como hacía la Fiscalía Anticorrupción. El juzgado de Sabadell que investiga el caso Mercurio había abierto una pieza separada por estos cobros y había denegado el arxivament de la causa contra alcaldes como Fèlix Ballesteros, de Tarragona, Lluís Tejedor, del Prado de Llobregat, o exalcaldes como Iolanda Pineda, de Salt. Otros alcaldes y exalcaldes imputados eran lo de Sabadell y presidente de la FMC durante los años investigados, Manuel Bustos, Joan Antoni Barón y Joan Mora, de Mataró, Ivan Arcas, de Molins de Rei, Jordi Baiget, de Sitges, o Anna Paganos, de Girona, entre otros.

La Audiencia considera que la FMC a pesar de recibir la mayor parte de sus ingresos de parte de los ayuntamientos y otros organismos públicos, no es una administración pública, sino una entidad privada, con estatutos que regulan su funcionamiento interno, que está bajo el amparo de la ley de asociaciones y del derecho privado y a la cual es voluntaria su afiliación. Por eso, afirma que el dinero que proceden de entidades públicas "pierden" esta condición en el momento que ingresan a la FMC. Por lo tanto, ya no se puede culpar ni los administradores de la entidad ni sus miembros de malversar fondos públicos.

Como ejemplo de esto, menciona que los estatutos de la FMC prevén que los fundes remanentes de la entidad en caso de disolución de esta irán a parar a otra asociación similar o a una entidad benèfico-cultural, y no volverán a los ayuntamientos. Además, también recuerda que la FMC no presta ningún tipo de servicio público a la ciudadanía, como sí podría hacer una empresa municipal de servicios o una empresa privada concesionaria de un servicio público.

La fiscalía acusaba los alcaldes de cobrar como supuestas dietas el que en realidad eran, según el ministerio público, sobresous encubiertos. Así, denunciaba que se pagaban cantidades fijas mensuales a los alcaldes según su posición en los órganos de gobierno de la entidad, independientemente de donde vivieran. Los pagos también se hacían en meses donde nohabía reuniones.

Sin embargo, todos los imputados negaron que las cantidades percibidas fueran dietas, sino que, según ellos, se trataba de pagos por el trabajo realizado y el grado de representación que comportaba, y todos van decir que habían declarado a Hacienda aquellos ingresos. La adscripción de estos pagos al apartado de dietas, según los responsables de la gestión administrativa de la FMC, podría haber sido un error en la contabilidad interna, pero en ningún caso se pagaron de forma opaca, según declararon al juzgado de Sabadell.