El gobierno español ha cedido la gestión de los inmuebles de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) a dos fundes buitres. Así lo han denunciado el candidato por ERC a las elecciones municipales del 2023, Pim Camprubí, y el diputado en el Parlamento para la misma formación, Pau Morales. Los dos han exigido al gobierno municipal que negocie con el gobierno español y la Sareb para poner estas viviendas a disposición de la ciudadanía de Mataró.
Pau Morales, diputado en políticas públicas de vivienda, ha remarcado que el gobierno español no solo no hace políticas de vivienda que reviertan la emergencia habitacional, sino que están desaprovechando las decenas de miles de inmuebles de la Sareb para poder hacer una política de vivienda buena para la ciudadanía: "No podemos entender que el gobierno español decida ceder la gestión comercial de la Sareb a las consultoras vinculadas por Blackstone con el objetivo de comercializarlo y venderlo, y, por lo tanto, provocar una nueva burbuja inmobiliaria. Reclamamos este regreso de las viviendas a la administración para que estas puedan llegar a la ciudadanía."
Por su parte, Camprubí ha precisado los datos de los inmuebles que tiene el gobierno español (gestionados a partir de la Sareb) en Mataró y ha sido crítico con el gobierno municipal y especialmente con el alcalde, David Bote, a quien responsabiliza de los pocos inmuebles que a día de hoy la Sareb ha cedido al Ayuntamiento. "La Sareb tiene 249 viviendas en Mataró. En junio pasado el gobierno municipal llegó a un acuerdo con la Sareb para la cesión de 15 viviendas. Otros municipios cómo Santa Coloma de Gramenet o Badalona consiguieron más de 200. El alcalde tiene que hacer las gestiones necesarias para incorporar las viviendas al Ayuntamiento. Tiene que ser una prioridad del gobierno".
Camprubí y Morales también han reclamado que el Ayuntamiento adquiera los seis edificios en construcción que actualmente tiene la Sareb en la capital del Maresme, como por ejemplo el de la Avenida Puig i Cadafalch. Apuntan que este edificio lleva más de diez años en construcción y que ya hace siete que ellos piden al Ayuntamiento que lo adquiera, lo termine y lo destine a viviendas para jóvenes que quieren emanciparse.
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