Capgròs
La Fiscalía no ve indicios de delito en la desviación presupuestaria del edificio La Ringlera, construido en Mataró entre 2007 y 2010, bajo el mandato del último tripartito municipal. El edificio de oficinas y comercial se presupuestó por 18,1 MEUR, pero el coste final ascendió hasta 26,3 MEUR, un 42% más. El caso llegó a la Oficina Antifrau en 2012, cuando CiU accedió en el gobierno municipal. Después de más de dos años de investigación, Antifrau elevó el caso a Fiscalía al detectar presuntas "irregularidades en los procedimientos de contratación y ejecución" de las obras.
Según ha avanzado el ACN, la investigación del fiscal resuelve ahora que "ningún dato permite deducir una actuación delictiva". Los principales argumentos de la denuncia recogidos por la Oficina Antifrau son la modificación de los criterios de valoración de las ofertas al margen del pliegue de cláusulas iniciales y un sobrecost de la obra por encima del que el contrato con la empresa adjudicataria (FCC) habría permitido. Si bien el fiscal reconoce estas situaciones, nove recorrido por la vía penal.
Según el decreto de archivo del fiscal en cabeza de Mataró, "difícilmente se puede deducir un carácter prevaricador" en el proceso de adjudicación de la obra. Detalla que la modificación de los criterios de valoración afectó a todas las empresas por igual y que no está demostrado que este cambio fuera a propuesta de FCC "con conciencia previa que el resto de empresas resultaran perjudicadas".
" hubiera habido bastante con dar una puntuación más grande a FCC sin aplicar subcriteris, teniendo en cuenta que no todos los criterios iniciales de valoración eran estrictamente objetivos", apunta el fiscal con el objetivo de evidenciar que las posibles irregularidades administrativas no tenían ningún carácter prevaricador. En cuanto al posterior sobrecost y ejecución del proyecto, el fiscal tampoco ve indicios que expliquen un posible fraude a la administración pública. Por el fiscal "no es discutible" esta desviación presupuestaria, pero asegura que la empresa municipal PUMSA, promotora de la obra, "alegó motivos de interés público" y "respetó dentro de los límites establecidos el procedimiento legal para consumar la modificación contractual".
Con todo, el fiscal ha decidido el archivo, si bien mantiene una puerta abierta porque los denunciados –CiU reconoció el mandato pasado haber impulsado la denuncia ante Antifrau– puedan traer el caso por la vía contenciosa administrativa. "Es la vía competente" en este caso, señala el fiscal, que recuerda que "no se puede concluir que el conjunto de irregularidades administrativas leves conformen una irregularidad grave a resolver por la vía penal".
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Un proyecto que hipoteca las finanzas municipales
Más allá de la situación judicial que durante años ha sobrevolado el Ayuntamiento de Mataró, la construcción del edificio La Ringlera ha supuesto también dificultados a nivel económico. La emprendida constructora presentó la factura dos años después de acabar la obra y la tensión a la tesorería municipal obligó el consistorio a negociar con la emprendida condiciones y plazos de pago. En total, los diferentes acuerdos logrados con la constructora habrán supuesto una rebaja final de unos 3 MEUR y la obra se acabará de pagar, previsiblemente, en 2019. El 2014, el Ayuntamiento pagó los primeros 7,4 MEUR; el 2015 se pagaron 2,8 MEUR, y esta misma cuota es la que está prevista hacer efectiva este 2016 y también el 2017 y 2018. El año 2019 se tendría que liquidar la deuda con un último pago de 2,3 MEUR.
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