Capgròs
La Comisión Joan Peiró ha interpuesto hoy ante la sala quinta del Tribunal Supremo un recurso de revisión contra la sentencia dictada el 1942 en un consejo de guerra que condenó a muerte a Joan Peiró, destacado sindicalista de la CNT y ministro de Industria en la II República, por rebelión contra el gobierno Franquista. Peiró fue fusilado al campo de tiro de Paterna el 24 de julio de aquel año.
Jordi Olivos y Josep Cruanyes, los abogados que llevan años trabajando en este caso en colaboración con la familia Peiró, han explicado hoy en Mataró el contenido de la solicitud de revisión de la sentencia. Tal y como avanzó Olivos a Capgros.com el pasado mes de octubre, la solicitud alega principalmente dos motivos: la vulneración del principio de legalidad y la existencia de hechos nuevos que demuestran la inocencia de Joan Peiró.
Contra el principio de legalidad
Según han explicado los letrados, la condena a Peiró por adhesión a la rebeldelió contra el gobierno Franquista contradice el principio de legalidad, que imposibilita el castigo de ninguna acción u omisión no prevista como delito o falta. Esta contradicción se da porque el Código Militar existente en el tiempo en que se atribuye el supuesto crimen del sindicalista era el republicano (vigente entre 1931 y 1940 y, por lo tanto, durante toda la Guerra Civil). Este código tipifica que el delito de rebelión es contra el estado republicano y sus instituciones. Está claro que el qué hizo Peiró fue precisamente el contrario, defender la orden vigente republicano, ha asegurado Olivos.
Hechos nuevos que prueban su inocencia
El recurso, además, se basa en un segundo motivo, subsidiario del primero, que es la existencia de hechos nuevos que evidencian la inocencia de quién fue ministro republicano de Industria; los abogados se han referido en las declaraciones institucionales tanto del Parlamento español como del Parlamento de Cataluña. El letrado Josep Cruanyas considera especialmente significativa la de la cámara catalana, que en fecha de 13 de diciembre de 2000 reafirmó la no legitimidad de los consejos de guerra que condenaron a muerte a centenares de catalanes por haber ostentado cargos públicos durante la República, haciendo referencia explícita a los casos del presidente Lluís Companys y del mismo Joan Peiró.
Cruanyes ha recordado, además, otros hechos que rompieron la ley en el caso Peiró, como su extradición ilegal en Madrid, la presión que ejercieron sobre él las autoridades franquistas porque se pasara al sindicato fascista, o el hecho que no se tuvieran en cuenta multitud de testimonios favorables al acusado. Igual que el juicio a Peiró, el 90% de los procesos llevados a cabo por consejos de guerra después del conflicto bélico rompieron multitud de leyes, ha constatado el letrado.
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Una vida dedicada a la CNT y a la República
Peiró, nacido en el barrio barcelonés de Sants el 1887, fue escogido secretario General del sindicato anarquista CNT el 1922. Fundador en 1907 de Cooperativa del Vidrio de Mataró (que nunca abandonaría), dirigió publicaciones como Solidaridad Obrera o el diario Cataluña, y el 1937 ocupó la cartera de Industria del gobierno de Largo Caballero (fue uno de los cuatro ministros anarquistas de este ejecutivo). En febrero de 1939 cruzó la frontera de Francia, desde donde ayudó a militantes cenetistas a trasladarse en México y representó a la CNT en la Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles de París, pero el 1941 fue detenido por las tropas Nazis y extraditado ilegalmente en Madrid. Después de sufrir torturas a la Dirección General de Seguridad de la capital española, fue trasladado a Valencia para ser juzgado; finalmente, el 21 de julio de 1942 un tribunal de guerra lo sentenció a muerte por adhesión a la rebelión militar, y tres días mas tarde era fusilado a Paterna junto con otros seis miembros de la CNT.
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