M.Cuello

Jama Kafo y Amigo-UGT firman un convenio de colaboración

Estas asociaciones advierten al colectivo inmigrante que la compra de documentos y ofertas de trabajo no servirán para obtener la legalidad

La entidad local Jama Kafo, integrada por inmigrantes africanos, y la Asociación Amigo-UGT, especializada en temas de acogida, han firmado esta mañana en el centro cívico de Cerdanyola de Mataró un convenio de colaboración. De hecho, hoy se han oficializado las acciones que desde hace años ya realizan. “Con este convenio formalizamos una serie de vínculos históricos ya activos entre las dos entidades, básicamente centrados en información sobre los procesos de legalización y financiación de proyectos de cooperación en sus países de origen”, ha explicado Jesús Hursillo, miembro de Amigo-UGT.

Por ejemplo, este pacto permite una mejora de los servicios de información dirigidos a los inmigrantes, puesto que a partir de ahora, un golpe por semana, miembros de Amigo-UGT responderán preguntas sobre los procesos de nacionalización en la misma sede de la entidad mataronina. El expresidente y actual secretario de organización de la entidad local, Sheriff Jarju, también ha valorado muy positivamente este convenio: “Los miembros de Jama Kafo siempre hemos tenido muy claro que se tiene que ayudar al recién llegado y trabajar por la convivencia, este convenio es un paso en esta dirección”.

De hecho, además de firmar públicamente este convenio, esta mañana las dos entidades ya han organizado conjuntamente la primera actividad oficial: una charla informativa sobre los cambios en la ley de extranjería, la cual ha sido seguida por más de un centenar de personas. El objetivo de la nueva reforma de la ley de extranjería es iniciar el proceso de regularización de todos aquellos inmigrantes residentes en España que poguin demostrar que han sido trabajando. Esta reforma, que se pondrá en marcha a partir del 7 de febrero, permitirá solicitar los papeles de residencia a todos aquellos inmigrantes que demuestren que están empadronados en una misma ciudad desde julio del año pasado, obtengan un certificado de no entecedents penaltis emitido por los gobiernos de los países de origen y verificados por las respectivas embajadas de aquí, pero sobre todo, tengan contratos de trabajo de mínimo seis meses.

Las dos entidades han aprovechado el encuentro para advertir a los asistentes de posibles estafas. “El gobierno todavía no ha diseñado un documento de solicitud de legalización por estos casos, por lo tanto, no caigáis en la trampa de comprar papeles supuestamente oficiales o posibles ofertas de trabajo a cambio de la legalización”, ha explicado Hursillo. Y ha añadido: “Para evitar fraudes el gobierno ya ha establecido controles, si la persona que solicita la documentación no cotiza en seis meses le será retirado el permiso de residencia”. Ahora bien, aunque este nuevo proceso de legalización ha sido acordado entre sindicatos, patronal y gobierno, los miembros de Amigo-UGT han confesat que todos los detalles del proceso todavía no se los han sido facilitados. A pesar de este hecho, valoran positivamente la reforma: “Por primera vez las tres partes hemos estado de acuerdo al destapar una realidad evidente en nuestro país, puesto que se calcula que a nivel de estado más de un millón de personas sin papeles están trabajando”, ha explicado el representante de Amigo-UGT.

Evidentemente, la clave del éxito de esta nueva fase de legalización la tienen los empresarios, son ellos quienes tienen que aceptar contratar legalmente sus trabajadores extracomunitarios. Ante esta situación, las entidades se han ofrecido a hacer de mitjancers con los patrones. Bono y así, el gobierno ha establecido, un golpe superados tres meses de aplicación voluntaria de la ley, la posibilidad que el inmigrante denuncie aquel empresario que se niega a tener asalariados legales y, por lo tanto, produzca desde la economía sumergida.

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