L’oposición cree que el juez quiere profundizar en l’asunto de Can Fàbregas

El gobierno municipal quiere hacer creer a los ciudadanos que el juez ha autorizado el acabamiento del traslado de Can Fàbregas, cuando en realidad, la interlocutoria pide que se preserven las piezas restantes de la nave y se mantenga intacto el subsuelo. Esta es la advertencia que han hecho los grupos de la oposición, después de valorar las últimas novedades en el asunto de Can Fàbregas. CiU, PP y la CUP ven en las decisiones del juez, que también ha cita a declarar nuevos testigos, una clara voluntad de ir más allá en la investigación.

La cabeza del grupo municipal de CiU, Joan Mora, ha mostrado su "incredulidad" ante las explicaciones que ha dado el gobierno municipal en relación a las últimas decisiones judiciales. "Dicen que los autoriza a acabar el traslado pero en realidad está pidiendo que se preserven los restos", explica Mora. En términos similares se expresa el portavoz popular Pau Mojedano, que recuerda que el subsuelo de la antigua nave industrial sigue sin poderse tocar. "El traslado no afecta los restos arqueológicos, y aquí está el problema", ha asegurado la cabeza del grupo municipal popular, Pau Mojedano. Tal y cómo ha recordado, el contrato de compraventa firmado con el Corte Inglés prevé que en poco más de un año el solar esté totalmente preparado para poder construir el centro comercial, hecho que el propio Mojedano voz difícil de cumplir. Desde la CUP, Xavier Safont Elige apunta que las interlocutorias protegen el subsuelo "porque al contrario que la fábrica, este no se puede volver a montar".

Por Safont-Elige, las nuevas interlocutorias del juez demuestran su voluntad de "continuar adelante con el proceso judicial", puesto que tiene claro que "aquí hay más cosas a desvelar". Safont ha recordado que el gobierno municipal pedía el arxivament de la causa, petición a la cual el juez ha respondido "ampliando la querella y llamando a declarar una larga lista de gente". Mora considera que el gobierno es toma con "frivolidad" el hecho que el juez haya decidido imputar más gente y citado a declarar a nuevos testigos, entre los cuales el director general del Patrimonio, el arquitecto Josep Puig Boltà o el gerente de Pumsa César Fernàndez. El líder de CiU también encuentra preocupando que el juez pida documentación relativa en la venta de la nave así como que investigue la relación familiar entre sus antiguos propietarios y el regidor de Urbanismo, Ramon Bassas. "En ninguna parte del sobreseimiento de la causa, el que hace el juez es continuar rascando", dice Mora. "Si decide seguir investigando, es lógico pensar que ha encontrado indicios para llegar a nuevas conclusiones", ha asegurado Mojedano a su vez. El líder popular ha lamentado, por último, que "el futuro" de Mataró "esté pendiente de una sentencia judicial". "Esto no es de recibo", ha constatado.

Por último, la cabeza de CiU, Joan Mora, también ha mostrado su "perplejidad" por la situación creada y lamenta que a estas alturas, el alcalde Joan Antoni Baron no le haya dado ninguna respuesta a su propuesta de crear un frente común para ir a hablar con los responsables del Corte Inglès.