Capgròs
El Ayuntamiento de Mataró tiene previsto reabrir al tránsito la calle Sant Antoni durante la segunda quincena de noviembre. Se trata de uno de los principales esos viarios del centro de la ciudad y hace 21 meses que está cortado por el derrumbamiento de dos casas, a principios de 2012 . La reapertura de la calle irá acompañada de medidas de pacificación de tránsito con el objetivo de minimizar el impacto de las vibraciones que provoca el paso de vehículos. El caso se remonta a los meses de febrero y marzo del año pasado, cuando raíz de unas obras en el número 40 cayeron las dos casas del números 38 y 36. El constructor, pero, no seresponsabiliza y atribuye el accidente a deficiencias estructurales de las casas damnificadas.
Se trata de escasos 250 metros de calle, pero muy importantes para la movilidad de la ciudad. Como consecuencia del corte, se han tenido que modificar los itinerarios del autobús urbano de Mataró, dejando sin parada cercana a decenas de vecinos. Y es que la configuración de las calles en este punto de la ciudad hace inviable el paso del autobús por ninguno otra calle próxima.
También el paso de vehículos privados se ha visto alterado. Para conectar con la N-II, los coches que bajan por la calle Sant Antoni tienen que hacer un tumbo por las calles Jaume Ibran y Jaume Balmes, que estaban planificados como calles de prioridad invertida para peatones. De hecho, se prevé que cuando se reabre el tránsito por la calle Sant Antoni se tengan que cambiar algunos adoquines que se han descalzado por el excesivo paso de vehículos.
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Vecinos por la vía judicial
En las casas más próximas en la zona del derrumbamiento se está llevando a cabo una actuación de refuerzo y consolidación de las paredes medianeras para asegurar la estructura de las casas que se mantienen en pie, antes de que se pueda volver a vivir. Esta es una obra que han recomendado el informes técnicos que se han ido tirando raíz del accidente.
La actuación la pagan las propias familias afectadas, a pesar de que todas ellas han recorrido ya a la vía judicial. Consideran que fueron las obras del número 40 las que "alteraron las condiciones de seguridad de los edificios" y, por lo tanto, piden que sea el promotor de aquellas obras el que pague, tanto estos trabajos, como las pérdidas ocasionadas por el accidente.
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