El Gobierno pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) prorrogar 14 días más las restricciones vigentes, con toque de queda a 124 municipios. Las medidas, que entraron en vigor el 24 de diciembre, se habían fijado hasta el 7 de enero. El objetivo de esta prórroga es mantener la reducción de la interacción social y el movimiento de la ciudadanía, para frenar el ascenso de contagios y disminuir la presión asistencial al sistema sanitario. La prórroga será aprobada mañana por el Procicat, en una resolución que se enviará al TSJC. En la reunión de esta tarde, la comisión delegada de la covid-19 ha actualizado también la lista de municipios de 10.000 habitantes donde se aplicará la restricción de la movilidad nocturna.
La nueva propuesta incluye un total de 124 municipios, ocho más. De esta forma se incorporan Alcarràs, Castell-Platja d'Aro, Cunit, el Vendrell, Mont-roig del Camp, Salto, Torroella de Montgrí y Vilanova i la Geltrú. Por otro lado, se mantienen los nuevo municipios isla que hay en la resolución vigente.
La restricción de la movilidad nocturna se quiere continuar aplicando de 1 de la madrugada a 6 de la mañana a los municipios de más de 10.000 habitantes con una incidencia acumulada a 7 días superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Entre el resto de medidas que se mantienen, destaca la limitación de las burbujas y que el número absoluto no supere las 10 personas, tanto en el interior como el exterior y tanto en el ámbito privado cómo en el público.
En cuanto a la capacidad máxima en el interior de bares y restaurantes continuará siendo del 50 % (y del 100 % a las terrazas), mientras que el aforo a comercios y empresas de servicios será del 70 %, el mismo porcentaje que en instalaciones y equipamientos deportivos cercados. Los locales de ocio nocturno permanecerán cerrados, mientras que el aforo de salas de concierto, teatros, cines, auditorios y circos con carpa será del 70 %, porcentaje que también se aplica en salas de velatorio, entierros y otras ceremonias. El teletrabajo se mantiene como prioritario en la administración de la Generalitat y se recomienda firmemente en el ámbito laboral privado.