Capgròs
Los vecinos de la urbanización de Can Quirze dejaron claro que estaban dispuestos a traer al Ayuntamiento de Mataró por la vía penal después del escándalo urbanístico que PUMSA ha protagonizado en esta urbanización. En una carta dirigida en el Ayuntamiento, exigen que se suspenda la exigencia a los vecinos de pagar el sobrecost de 1,2 millones de euros por la urbanización que la empresa municipal llevó a cabo de este sector, que los vecinos consideran intolerable. En caso contrario, dejan claro que traerán toda la documentación del proceso a la Fiscalía Anticorrupción y que iniciarán acciones penales contra el consistorio.
Quieren que se suspenda cautelarmente la ejecución del pago de la reurbanización del sector, que asciende a 1,2 millones de euros y que consideran del todo injustificado
Nueve años después de acabar de pagar la reurbanización de todo el sector, que ya se realizó con un sobrecost de cerca del 35% respecto al presupuesto inicial, el Ayuntamiento exige ahora a los vecinos de Can Quirze 1,2 millones de euros más por las mismas obras. Lo hace después de que el actual equipo gestor de la empresa municipal, intentando cuadrar números, hayan descubierto una deuda pendiente por estos trabajos de reurbanización que nunca se cobró, además de constatar que la distribución de costes del proyecto entre los dos ámbitos urbanísticos afectados por la operación fue "incorrecto".
Carta entrada a registro
Los propietarios se niegan a pagar el sobrecost que los quieren cobrar y, después de reunirse en asamblea, han decidido iniciar acciones judiciales contra el Ayuntamiento que pueden acabar por la vía penal. En una carta entrada a registro del consistorio el 15 de mayo pasado, reclaman a PUMSA que suspenda la ejecutividad de la cuenta de liquidación definitivo mientras no se resuelva el actual contencioso administrativo impuesto por la propia asociación de vecinos. Así mismo piden una reunión con los responsables de la empresa municipal para intentar "resolver esta situación".
El consistorio todavía no ha respondido a los vecinos y estos ya han dejado claro que no tienen ningún problema al iniciar la vía penal e ir a por todas
El consistorio, de momento, todavía no los ha respondido. Y los vecinos afectados ya han dejado claro en la misma carta que pasará si el Ayuntamiento no cumple con su demanda. La asamblea ha autorizado a un despacho de abogados penalistes de Barcelona el estudio de acciones judiciales contra el actual alcalde, David Boto, la regidora de Urbanismo y presidenta de PUMSA, Núria Calpe, y contra los regidores y cargos de PUMSA desde 2001 y hasta 2017.
Dos informes periciales
Los abogados lo están haciendo en base a la documentación recogida por un pèrit judicial contratado por los propios vecinos, que ha realizado dos informes técnicos que pone de manifiesto un gran número de irregularidades, según ellos, en todo el proceso de reurbanización de Can Quirze. Los afectados también pondrán a disposición de la Fiscalía Anticorrupción toda esta documentación, parte de la cual también se ha incluido en el proceso contencioso administrativo. Los vecinos no descartan que el juez del contencioso, analizando todo el material, decida por si mismo trasladarlo a fiscalía.
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