"Irnos a vivir fuera es como matar a mi pareja"

Este lunes 10 de marzo por la mañana, Eduard Farinyes se sentará ante el juez para defender el derecho de su familia a mantener la vivienda donde han vivido los últimos 23 años. Vecino de Mataró, Farinyes y su familia están bajo la amenaza inminente de desahucio por parte de Promontoria Coliseum Real Estate, un fondo buitre que, a pesar de más de una década de pagos puntuales en un alquiler social, ha decidido no renovarles el contrato. Aunque el Ayuntamiento de Mataró ha acreditado su situación de vulnerabilidad, la propiedad se niega a aceptar cualquier solución que les permita quedarse.

El caso se ha hecho público a través de unos vídeos de la CUP, donde Farinyes denuncia que han cumplido con el pago del alquiler incluso en momentos de grandes dificultades económicas. “No nos hemos negado nunca a pagar. Aceptamos pagarlo, pero queremos que sea un precio ajustado a nuestra realidad”, explica. Su situación es especialmente delicada: su pareja padece Alzheimer en grado medio, lo que le impide trabajar, mientras que él no puede acceder a un empleo estable que le permita asumir un alquiler de mercado. La incertidumbre y la presión de este proceso han deteriorado profundamente la estabilidad familiar.

Pocas horas antes del juicio que podría decidir su futuro inmediato, hablamos con Eduard Farinyes sobre su lucha, sus miedos y la poca esperanza de encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde.

Empecemos por el principio. ¿Quiénes son los propietarios de tu piso?

Promontoria es una empresa que se crea a partir del Banco Sabadell. Cuando se deshace de los activos y los pasa a Solvia, esta, filial de Cerberus, lo traspasa a Promontoria 25, una empresa con sede fiscal en los Países Bajos y que, según informaciones, se retroalimentan. Todo un entramado de activos. Fondo buitre, gran tenedor... En Mataró, entre ellos, son quienes más desahucios ejecutan. Para ellos somos una estadística, un número, un asiento contable, no una persona. A mí me han demostrado que son unos acosadores. Desde que la propiedad llegó a sus manos, no han parado de llamarme, de decirme ilegal, de ofrecer dinero verbalmente: 5.000, 4.000 euros.

¿Cuál era tu situación contractual?

Yo tenía un contrato firmado con el Banco Sabadell, cuando todavía se podía hablar con ellos. El trato era de dación en pago de una antigua hipoteca, por lo tanto de alquiler social. Asesorados por la PAH, conseguimos un alquiler social durante diez años, de 2013 a 2023. En este tiempo incluso estuvo en vigor durante un año una ley que, en este país, rebajaba los alquileres sociales al 10% de la renta. La tumbaron y por lo tanto pasé de pagar unos 80 a unos 300 euros. Por suerte entonces mi pareja estaba bien y entre los trabajos de uno y del otro podíamos afrontarlo. Ahora ya no. Nuestra situación es imposible, con mi pareja de baja y yo sin poder afrontar un trabajo de jornada completa, ya se sabe cómo es además el mercado laboral con las personas de más de 60 años... El contrato expiró y entonces además llegó el diagnóstico de Alzheimer de ella. Había tenido los primeros problemas de memoria y de depresión por la pandemia, cuando todavía pudo trabajar de subalterna en el Ayuntamiento. Nuestra situación se volvió completamente otra. Yo no la puedo dejar sola y ella tiene que vivir en el piso donde hemos hecho nuestra vida.

¿Desde cuándo os quieren fuera del piso?

Solvia ya nos quería echar dos años antes de que terminara el contrato que teníamos. ¡Ni se lo leyeron para ver que era de diez años! El primer burofax llega el 13-1-2023. Entonces imperaba la ley que decía que el contrato social se tenía que renovar un año. Ese mismo marzo voy a Servicios Sociales que me derivan al servicio de intermediación de protección de la vivienda, Ayuntamiento y Generalitat. Bienestar Social. El contrato caduca en julio y desde entonces la propiedad no ha pasado recibos. Habría podido consignar el alquiler pero no lo hice porque ya estábamos en gestiones médicas y de otro tipo. Y no está claro que las cosas hubieran ido diferente.

¿Qué papel tiene la administración en todo este proceso?

Cero. No hablaré mal de los trabajadores que hay por ejemplo en Servicios Sociales, pero están limitados. Las leyes que aplican están absolutamente alejadas de la realidad social y no pueden ofrecer soluciones. No pueden obligar a un propietario, un gran tenedor, un fondo de inversión a que alquile su vivienda. Se lo pueden pedir y obviamente tiene muy poco recorrido. En mi caso lo han hecho dos veces, dirigirse a ellos. ¿Y qué ha pasado? Que la propiedad ni ha recogido la documentación. Así no ven la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión social que tenemos acreditados.

Tienes el informe de vulnerabilidad, pero no lo posees.

Funciona así. Yo tengo la palabra de Bienestar Social conforme tengo el informe favorable. Y también me consta que el juez lo tiene sobre la mesa. En el expediente del juicio tiene que constar. La abogada de oficio me dice que estaba desde el inicio y que además se ha sumado el diagnóstico de Alzheimer. Quiero insistir en que el trabajo de Servicios Sociales es el que pueden hacer. A nivel de Bienestar Social tienen una carga de trabajo enorme. El informe de vulnerabilidad debería ser accesible, entiendo. Lo impiden por miedo al fraude.

En vuestro caso, ¿qué supondría tener que marcharos de casa?

Mi pareja, que está enferma de Alzheimer, todavía controla el barrio, la ciudad, el piso. Aquí tenemos la red y ella las referencias. Si nos movemos, es matarla. Se perderá, no reconocerá dónde está. Tendremos que cambiar de médicos... Sacarla del entorno es deteriorar la poca calidad de vida que podemos tener. Necesitamos la certeza de dormir en un entorno controlado que no la perjudique. Aquí la conocen, nos conocemos todos. Irse es un perjuicio para todos, pero con una enfermedad degenerativa que afecta el aspecto cognitivo es peor. Siempre recomiendan, en casos como estos, que el entorno no cambie.

¿Qué esperas que suceda en el juicio?

No tengo muchas esperanzas. Sabemos cómo funcionan estos procesos: los jueces suelen fallar a favor de los grandes propietarios porque la ley no los obliga a renovar contratos ni a ofrecer alquileres sociales, aunque los inquilinos sean vulnerables. Lo que espero es, como mínimo, ganar algo de tiempo. Que no nos echen de inmediato. Pero si el juez decide que nos tenemos que ir, será un desastre para mi familia.

¿Tienes algún plan si os desahucian?

Realmente no. No tenemos a dónde ir. Mi pareja no puede estar en la calle con su enfermedad. Servicios Sociales dicen que buscarán una alternativa, pero no hay viviendas públicas disponibles y los realojos en pensiones o albergues no son una solución. Es un abismo. Y la presión de todo esto nos está afectando muchísimo psicológicamente. Vivimos con miedo cada día.

¿Cómo puede ayudar la ciudadanía en este tipo de casos?

Con apoyo, difusión y presencia. Que la gente venga a los juicios, que se solidaricen con los afectados, que difundan estos casos en redes y en los medios. La presión social es la única forma de frenar estas injusticias. También hace falta una movilización fuerte para cambiar las leyes y proteger realmente el derecho a la vivienda. Es una lucha que no solo me afecta a mí, sino a miles de familias en situaciones similares.