Mataró financiará la rehabilitación de pisos en desuso para alquilarlos a precios asequibles

La situación de la vivienda en Mataró, reflejo de la de buena parte del país, es muy compleja. Por un lado el precio del alquiler no para de subir –un 33% en el último año- algo que lo hace cada vez más inaccesible al ciudadano con una renta media. A esto sesuma que el número de pisos sociales que dispone la administración pública a la ciudad es demasiado bajo para hacer frente a las personas con necesidad habitacional. En contrapartida, en la capital del Maresme hay unos 3.400 pisos vacíos, la mayoría en manso de bancos, empresas y grandes tenedores, que por una razón u otra no se ponen al mercado. Una situación tan contradictoria cómo grave que el Ayuntamiento trae años intentando combatir, con diferentes medidas que hasta ahora no han tenido mucho éxito. Subvenciones y ayudas para los propietarios que pongan su piso a la bolsa de alquiler social, decenas de reuniones con bancos y cajas, equipos de inspectores para detectar pisos vacíos, lucha contra las ocupaciones ilegales de estas viviendas... Todo de movimientos que hasta ahora no han acabado de fructificar.

"Yes we levadura / Alquilamos", que quiere facilitar el alquiler asequible en la ciudad y que ha conseguido una subvención de la Unión Europea de 2,5 millones de euro

El consistorio confía, pero, que podrá dar un tumbo a medio plazo a este panorama, gracias a un nuevo proyecto que ha presentado este jueves. "Yes we levadura / Alquilamos", que quiere facilitar el alquiler asequible en la ciudad y que ha conseguido una subvención de la Unión Europea de 2,5 millones de euros. Que té de diferente respecto a las anteriores medidas? El objetivo, como todas las anteriores veces, es hacer aflorar tantas viviendas vacíos como sea posible para ponerlos al mercado de alquiler a unas mensualidades idóneas para los sueldos medianos actuales. Para conseguirlo, este golpe sí, se quieren ofrecer incentivos mucho más atractivos a los propietarios de cara a que pongan sus viviendas a alquiler.

Gracias a la subvención otorgada, el Ayuntamiento dispondrá recursos por, principalmente, dos medidas. Por un lado, financiar las obras de rehabilitación de los pisos en cuestión que lo necesiten. Muchos propietarios no los sacan a alquiler porque no pueden o no quieren hacer frente a las obras necesarias para dejarlos presentables. El Ayuntamiento pagará estas obras, además de ofrecer subvenciones a fondo perdido para actuaciones de eficiencia energética que sirvan para rebajar las facturas de luz, agua y gas. Para recuperar la inversión, el consistorio descontará parte de la mensualidad del alquiler que reciba el propietario, hasta cubrir los gastos realizados. A cambio de la mejora del patrimonio y de la seguridad en los ingresos, se negociará una retribución que será a la vez justa por el propietario y asegurará el assequibilitat de la vivienda.

Para recuperar la inversión en la rehabilitación del piso, el consistorio descontará parte de la mensualidad del alquiler que reciba el propietario

Por otro lado, el Ayuntamiento se dotará de un fondo de garantía que permitirá ofrecer al propietario la seguridad absoluta que cobrará el alquiler, aunque el locatario, por uno u otro motivo, no pueda hacer frente a una o varias mensualidades. De este modo se quiere frenar el temor que muchos propietarios tienen de poner el piso a alquiler y encontrarse con inquilinos que acaben resultando insolventes. A todo ello sesuman los beneficios de los cuales estos propietarios ya disfrutaban con la bolsa de alquiler social, como por ejemplo los beneficios fiscales en impuestos municipales como el IBI o la plusvalía; y la gratuidad en la gestión del alquiler, a cargo de la administración pública.

El proyecto tiene otra pata que lo hace innovador y disruptiu, según el Ayuntamiento. A pesar de que el consistorio será el que se empezará a hacer cargo de la gestión del parque de viviendas que surja, el objetivo es que a medio plazo sea una iniciativa comunitaria. En ninguna parte de dejarlo todo en manso de la administración pública o la empresa privada, se quiere una tercera vía: que los demandados de alquiler creen cooperativas que gestionen las viviendas. Estas cooperativas, tal y cómo pretende el proyecto, serían las que asuman la relación con los propietarios de los pisos, así como la cesión de los mismos a los socios de la citada cooperativa, en base a los criterios establecidos en los estatutos de la organización. Un sistema que pretende garantizar un alquiler más asequible y más estable que el que ofrece actualmente el mercado, pero que no tiene ningún precedente en el Estado español. El funcionamiento se asimilaría al de las cooperativas de consumo sin ánimo de lucro que ya funcionan en otros ámbitos, como por ejemplo Somos Movilidad, donde las persones socias pueden alquilar y compartir vehículos eléctricos de la cooperativa o de los mismos socios.

Boto ha insistido al remarcar que se trata de un proyecto para "facilitar el alquiler asequible, no el alquiler social"

El alcalde de Mataró, David Boto, ha insistido al remarcar que se trata de un proyecto para "facilitar el alquiler asequible, no el alquiler social". Es decir, que se busca promover unos precios de alquiler que puedan afrontar personas y familias con rentas medianas. Se espera, también, que a largo plazo el afloramiento de estos pisos asequibles también corrija a la baja los precios de alquiler de mercado. Para Boto, la adjudicación de la subvención por parte de la Unión Europea "reconoce el trabajo que estamos haciendo de planificacio estrategica para identificar retos de nuestra ciudad".

El proyecto se enmarca en el programa Urban Innovative Actions de la UE apuesta por posibles soluciones a problemas urbanos que no hayan sido testadas anteriormente y tengan un alto nivel de riesgo. Un total de 22 ciudades de la Unión Europea han recibido subvenciones en esta línea. En Mataró tiene una duración de tres años y se espera que se empiecen a ver los frutos a mediados de 2019. Para llevarlo a cabo el consistorio cuenta con el apoyo de varias entidades y organizaciones: la Fundación Unión de Cooperadores, la Diputación de Barcelona, Salesians Sant Jordi – Fundación Juventud, el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona y el TecnoCampus Mataró-Maresme.