La moción acordaba literalmente "mostrar el apoyo a la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre para decidir entrega el futuro de Cataluña dentro del ejercicio de nuestros derechos democráticos y tomar el compromiso del Ayuntamiento de Mataró con la realización de la misma, facilitando todos los recursos y las herramientas necesarias para hacerla posible, haciendo un llamamiento a la participación". En el texto también se recuerda que se apoya al Presidente, Gobierno de la Generalitat y Parlamento de Cataluña la materialización de la consulta al entender que el marco legal es "la ley de consultas populares no referendàries y participación ciutadan" que aprobó el Parlamento.
Esta moción se comprometía a comunicar el acuerdo en 5 días al presidente de la Generalitat, a la presidenta del Parlamento y a los grupos parlamentarios. También a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y a la Asociación Catalana de Municipios (ACM), quienes se encargan de enviarlo forma conjunta al presidente del Gobierno español, al presidente del Congreso de los Diputados, al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente del Parlamento Europeo, al presidente del consejo de la UE y al presidente de la Comisión Europea.
Comentarios