Capgròs
En casa siempre hemos tenido muy clara una cosa: que hay que defender con uñas y dientes lo que es público. Porque es nuestro, pero no en exclusiva: es de toda la comunidad, y eso significa que debe ser la red social que, más que impedirnos caer en la miseria, debería garantizarnos unas condiciones de vida dignas desde el principio. El gran problema llega cuando la desidia de la administración —como decisión política y de forma intencionada— ha ido devaluando todos y cada uno de los servicios públicos que debía ofrecer, hasta el punto de que ya no solo no dan abasto para garantizar derechos, sino que ni siquiera alcanzan a tapar todos los agujeros del sistema.
Este es el caso de la vivienda, un derecho reconocido sobre el papel que en la práctica se ha tratado como un bien de mercado. Como consecuencia de ello, hay quien se ha enriquecido enormemente —viviendo tranquilamente de rentas sin tener que trabajar— y hay quien ha quedado fuera de las lógicas del mercado y ya no puede permitirse el precio abusivo de un alquiler, sea en solitario, compartido o de una simple habitación... Pero todo esto ya lo sabemos, como también hemos comprobado los límites de la legislación vigente durante el anterior ciclo político, donde las pequeñas victorias fruto de la movilización masiva chocaron una y otra vez con los tribunales del estado español, siempre dispuestos a salvar a los especuladores cuando la aritmética parlamentaria no les resulta favorable.
¿Y dónde queda el Parque Público de vivienda del que tanto se habla hoy?
Pues este parque en el año 2024 no suponía más del 1,7% de las viviendas de alquiler del país, claramente insuficiente para hacer frente a la emergencia residencial actual y para contener la deriva especulativa de un libre mercado desbocado. ¿Por qué es así? Porque la medida estrella de todos los gobiernos con una presencia importante de la derecha —fueran de CDC/Junts o del PSC— procuró que todas las promociones de vivienda protegida que se han ido construyendo tuvieran una característica muy peculiar: fecha de caducidad. De esta forma, durante muchos años, lejos de incrementar el porcentaje de viviendas de titularidad pública, se ha fomentado la compra de pisos protegidos con la idea de que, con el tiempo, estos pasaran a formar parte del mercado privado y potenciaran la sensación de que sus propietarios podían ascender socialmente. Este hecho no ha contribuido a blindar el derecho a tener un techo, sino a hacer aceptable la idea de que todo el mundo pueda adquirir con criterios de inversión lo que en realidad es una necesidad básica. Porque es incompatible aceptar que la vivienda es un derecho y al mismo tiempo ofrecerla al mercado.
Y es tan evidente que hay que apartar la vivienda de cualquier lógica especulativa como que para vencer esta batalla será necesario un nuevo embate en la calle capaz de revertir la deriva de los gobiernos actuales en la Generalitat y en el Estado. Porque, sí, hay que castigar la especulación y prohibir el mercadeo con nuestros derechos. Y esto, pese a la polémica de esta última semana, también hay que hacerlo persiguiendo a quien especula y juega con aquellas viviendas que ya son públicas, haciendo un uso fraudulento y aprovechándose de un recurso que es de toda la ciudadanía. Sin ignorar que la parte más difícil es hacerlo defendiendo al mismo tiempo a las personas vulnerables que han sido engañadas y se han visto atrapadas dentro de la estafa.
Porque no es fácil, con la legislación vigente, otorgar una vivienda protegida y que esta no sea impugnada si los destinatarios no han pasado antes por todos los eslabones del sistema que deben validar la decisión. Con oficinas, listas de espera y un personal de atención social totalmente desbordado. Es el caso de Girona, pero también el de muchas otras ciudades donde la mafia se hace fuerte a costa de los débiles, ya sea con alquileres abusivos por parte de la propiedad o con alquileres fraudulentos que enfrentan a las familias: porque donde hay un piso público con alguien víctima de una estafa, también hay una persona vulnerable que ve frustrada su entrada al inmueble después de pasar por el calvario de la eterna lista de espera.
Sin embargo, no siempre hay que mirar hacia las instituciones supramunicipales para empezar a dar soluciones. Los gobiernos locales pueden empezar a introducir pequeños cambios para dificultar y evitar esta confrontación entre la ciudadanía más vulnerable, víctimas por partida doble: de una estafa y de un sistema que las abandona.
Por ejemplo, puede adelantarse el empadronamiento y la adjudicación de la vivienda en el momento de la compra, garantizando derechos y certificando que esa es una vivienda otorgada de forma legítima, impidiendo que alguien se aproveche durante las obras de adecuación del edificio para entrar y revender las llaves. Una medida garantista que choca con la política municipal del gobierno de Mataró de expulsar la pobreza y de lanzar un mensaje terrible a la población que intenta acceder al sistema de bienestar social: «márchate a otra ciudad, aquí no te lo pondremos fácil».
También se podría ayudar en el traslado a las familias, mejorando el acceso y explicitando mediante sus pertenencias que ese inmueble es su residencia, un hecho que los juzgados tienen en consideración a la hora de dirimir quién reside oficialmente y que bloquea el acceso a las mafias que argumentan que «solo accedían a pisos vacíos».
Propuestas que surgen de la apuesta que hemos hecho como CUP Mataró por escuchar a los movimientos por la vivienda así como a las personas afectadas y que hemos llevado al Ayuntamiento en varias ocasiones, pero que siempre han sido rechazadas...
No obstante, lejos de rendirnos y conscientes de los límites legales, sabemos que el cambio no puede venir solo desde las instituciones, pero que estas son necesarias para hacerlo efectivo, tanto como lo es la movilización masiva en las calles. Y en estas circunstancias apelamos a toda la experiencia acumulada por los movimientos vecinales y por los movimientos por la vivienda, conscientes de que muy probablemente no fuimos la opción política de mucha gente en las elecciones municipales, pero somos la formación que está dispuesta a escuchar y a volvernos a encontrar en las plazas para apoyar iniciativas actuales tan potentes como la huelga de alquileres, así como para llevar conjuntamente el nuevo embate hasta el pleno y el Parlament.
Por todo ello, hacemos un llamamiento a los diferentes movimientos de Mataró para reunirnos de nuevo y abordar desde abajo la emergencia residencial en la ciudad, empujando desde el mundo local hacia arriba y con el mensaje claro de que las sentencias de sus tribunales y los ataques de determinados partidos a las leyes aprobadas por iniciativa popular no nos harán retroceder. Encontrémonos para hacer evidente la urgencia de la situación y para demostrar que el mundo local no permanecerá inmóvil mientras nos quieren imponer el sello turístico de la marca Barcelona, que inaugura pisos de lujo mientras vacía de vida nuestros barrios.
Carlos García Cádiz
Concejal de la CUP Mataró
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