Los grupos municipales de CiU, ICV-EUiA y la CUP se han unido para presentar una propuesta de resolución porque el Ayuntamiento de Mataró apoye a la consulta. El Ayuntamiento ha convocado un Pleno extraordinario el próximo martes, día 23, a 2/4 de 9 del anochecer, que debatirá únicamente este punto. El Pleno, similar al que se celebrará a otros muchos municipios catalanes, llegará después de que el Parlamento apruebe, este viernes por la tarde, la Ley de Consultas, paso previo a la convocatoria de consulta sobre el futuro político de Cataluña del 9-N.
Los acuerdos que quiere impulsar la propuesta de resolución sueño, por un lado, "mostrar el apoyo a la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre de 2014, para decidir libremente el futuro de Cataluña dentro del ejercicio de nuestros derechos democráticos y tomar el compromiso del Ayuntamiento de Mataró con la realización de la misma, facilitando todos los recursos y las herramientas necesarias para hacerla posible, haciendo un llamamiento a la participación".
De la otra, "dar pleno apoyo al presidente y en el gobierno de la Generalitat, en el Parlamento de Cataluña y a los partidos políticos que apoyan a la convocatoria y a la materialización de la consulta del 9 de noviembre dentro del marco legal que es la Ley de consultas populares no referendàries y participación ciudadana, aprobada por el Parlamento de Cataluña, puesto que responde a la voluntad mayoritaria del pueblo catalán y de sus representantes".
La posición del PSC, clave
CiU, ICV-EUiA y la CUP no suman mayoría. Ante el previsible voto contrario del PP y de PxC , será clave la posición que tome el grupo municipal del PSC para permitir o no que la propuesta de resolución salga adelante y el Ayuntamiento apoye de manera oficial a la convocatoria de la consulta del 9-N. Fuentes socialistas han explicado que todavía tienen que valorar el contenido de la propuesta, presentada ayer jueves en Junta de Portavoces, para decidir su posicionamiento. A todo ello sesuma el más que posible recurso que presentará el Gobierno central al Tribunal Constitucional para frenar la Ley de Consultas.

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