Capgròs
Por Semana Santa hemos visto procesiones y actas, a menudo muy concurridos, que hacen saltar por los aires el aconfessionalitat del Estado y el laicismo que como sociedad democrática tendríamos que manifestar. Nos dicen que es tradición, como si esto tuviera que obviar el carácter religioso limpio de aquella expresión, independientemente de si alguna persona en concreto queparticipa es creyente o no. Además, «tradición» es un término amplio y que cualquiera podría usar para justificar una práctica concreta de su comunidad; los toros, por ejemplo, son tradición.
Si alguien se tiene que sentir partícipe de una determinada tradición, es cosa suya, privada y personal. Este es un principio de respeto básico que podemos aplicar a nuestras sociedades abiertas y plurales, donde hay muchas y diferentes religiones, y ninguno no tiene que destacar. He aquí como llegamos a un primer problema: qué tiene que hacer el poder público?
Detrás de las procesiones hay el hecho religioso, no son expresiones «populares» neutras. Y, si es así, el Estado, por lo tanto, setiene que mantener la margen por respecto a todas las sensibilidades. Es cierto que las procesiones surgen de la organización comunitaria; las cofradías lo hacen, en principio, por su cuenta. Esto se tiene que respetar en cuanto que expresión que ellos sienten como propia, pero no merece en ningún caso, precisamente por su cariz religioso, el apoyo del poder público. En nuestra ciudad, el principio de la neutralidad falló cuando se consideró la Procesión General patrimonio cultural de la ciudad, pero falla también cada año cuando nuestros representantes públicos acuden a la misa de las Santas (excepto ICV y la regidora Anna Caballero; la CUP lo hace a medias, una incoherencia).
Así, el poder público en ningún caso no tiene que intervenir ni decantarse por una tradición (y los valores que inevitablemente comporta), puesto que esto implicaría «extender» aquella tradición a toda la sociedad y presuponerla monolítica, como si tuviera una suela cara. Es decir, no se puede promocionar ninguna tradición determinada ni presuponer, al contrario que una expresión cultural neutra, que gustará a toda la ciudadanía. El poder público es neutro y respeto la pluralidad, pero la religión es privada.
Este principio de la laïcitat es básico y, de hecho, nuestro Estado se declara aconfesional. Pero hay una contradicción social: hay quién se alarma cuando se critican las creencias religiosas. Si se llama que las procesiones son tradición, por qué, pues, hay una reacción emocional desmesurada? Pues porque bajo una apariencia de expresiones culturales se esconden unas pasiones reales y que se irradían socialmente bajo el paraguas de una falsa aconfessionalitat. He aquí que esto nos hace estar más seguros de nuestros principios: la excusa de la tradición no puede justificar en ningún caso abandonar la radicalidad democrática.
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