La reacción incívica y ciertamente violenta de un grupo de personas jóvenes (muy jóvenes, demasiado jóvenes) ante la respuesta policial frente a un intento de ocupación ilegal en el Barri Gran de Mataró ha vuelto a poner sobre la mesa del debate ciudadano posicionamientos enfrentados sobre las causas y consecuencias de los hechos y los disturbios.
Las personas que viven en el barrio de Cerdanyola experimentaron en carne propia, durante unos días, un ambiente inseguro, hostil y violento. Su derecho a la seguridad ciudadana, reconocido en nuestro ordenamiento jurídico como un elemento indispensable para garantizar el resto de derechos democráticos, fue puesto en duda durante unos días debido a acciones explícitamente violentas e incívicas.
Este es un hecho innegable, y la ciudad ya ha demostrado a través de múltiples manifestaciones públicas de representantes políticos, referentes y entidades sociales y vecinales que existe consenso en el rechazo contundente a cualquier manifestación incívica y violenta. Todos estamos de acuerdo en que la violencia y el incivismo no son la solución a ningún conflicto y que vulneran nuestros derechos democráticos y de convivencia más elementales.
¿Estamos, sin embargo, ante una manifestación de incivismo y de violencia gratuita?
¿Es casual que grupos de jóvenes (muy jóvenes, demasiado jóvenes) cometan actos incívicos y quemen contenedores?
Seguramente, la mayoría de nosotros sabemos cuál es la respuesta. A algunos no les supondrá ningún conflicto ético o moral aceptar que la respuesta radica en la creciente desigualdad social, económica, cultural y educativa que viven muchos de nuestros vecinos y vecinas, a otros les costará más llegar a esta conclusión, y unos pocos nunca podrán aceptar este diagnóstico.
La cruda y compleja realidad nos muestra un crecimiento inexorable de las desigualdades, de la pobreza, de las injusticias sociales más evidentes, de la exclusión de muchas personas del estado de derecho que debería garantizar sus derechos más básicos de ciudadanía, empezando por los de proximidad establecidos en la Carta Europea de los Derechos Humanos en la ciudad y en el conjunto de las leyes que garantizan el estado democrático y de derecho.[banner-AMP_5]
Del mismo modo que el incivismo y los disturbios en la calle son vividos como un ataque violento a la seguridad individual por parte de la ciudadanía, el abandono y la exclusión, y la imposibilidad de acceder al ejercicio de los derechos más elementales de ciudadanía, son percibidos como ataques a la dignidad por parte de las personas y los colectivos que sufren sus consecuencias. Son, de hecho, muestras crudas y explícitas de violencia colectiva e institucional.[banner-AMP_6]
Y si a esta violencia causada por el abandono y la exclusión le sumamos las reacciones xenófobas y racistas alimentadas por el miedo a la inseguridad y los discursos de la extrema derecha fascista, el resultado es un entramado explosivo de posiciones polarizadas, de recelos, de miradas de odio que se retroalimentan en un círculo perverso.
No hay una solución fácil y sencilla para hacer frente a este cúmulo de problemáticas complejas, tampoco hay una solución única. La complejidad no puede abordarse desde miradas simples. Quienes afirman que las personas migrantes son la causa de todos los problemas y que hay que expulsarlas, se equivocan, y provocan fracturas sociales que incrementan las desigualdades y las violencias. Quienes proponen soluciones simples como “mano dura”, el punitivismo y la acción policial como respuesta, carecen del coraje necesario para abordar de forma decidida, compleja y holística los problemas a los que nos enfrentamos.[banner-AMP_7]
Las soluciones están en la garantía del ejercicio de todos los derechos de ciudadanía, y en la conciencia individual y colectiva de nuestros deberes, empezando por el deber de corresponsabilizarnos con los asuntos públicos y con la gobernanza democrática de nuestras ciudades.
Es más necesario que nunca hablar, razonar, dialogar, debatir colectivamente sobre nuestra realidad social, es necesario conocer y reconocer las realidades diversas con las que convivimos en las ciudades, debemos hacer el esfuerzo de escuchar las voces de los excluidos y entender la complejidad de sus vidas y reconocer sus luchas como luchas colectivas que debemos compartir.[banner-AMP_8]
Debemos ejercer, con responsabilidad y empatía hacia las personas que sufren las desigualdades y la exclusión, nuestro derecho de participación democrática exigiendo a los gobernantes un conjunto de acciones y políticas decididas, ordenadas, estructuradas y pensadas para dar respuesta a todas las situaciones de injusticia social y permitir el acceso de toda la ciudadanía al ejercicio de los derechos desde el deber colectivo de solidaridad.[banner-AMP_9]
El derecho a la ciudad, el primero descrito en la Carta Europea de los Derechos Humanos en la ciudad, establece que “La ciudad es el espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes, quienes tienen derecho a encontrar en ella las condiciones para su realización política, social y ecológica, lo que conlleva asumir también deberes de solidaridad”.[banner-AMP_10]
La misma carta propone una extensa lista de derechos de proximidad que las ciudades deben garantizar: El derecho a los servicios públicos y de protección social, el derecho a la educación, al trabajo, a la cultura, a la vivienda, a la salud, al medio ambiente, el derecho a un urbanismo armónico y sostenible, a la circulación y a la tranquilidad, al ocio y a la policía de proximidad, entre otros.[banner-AMP_11]
Y todos estos derechos de ciudadanía deben ser “garantizados por las autoridades municipales, sin discriminación alguna por razón de color, edad, sexo u opción sexual, lengua, religión, opinión política, origen nacional o social o nivel de ingresos”, como también establece la carta. Y el instrumento más elemental para garantizarlos es el Derecho y el Deber de Empadronamiento, un metaderecho que abre la puerta a todos los demás y que está constantemente puesto en cuestión en nuestras ciudades.[banner-AMP_12]
Solo la solidaridad (corresponsabilidad) y el reconocimiento de la plena ciudadanía (ejercicio de derechos y deberes) de todas las personas que viven en la ciudad podrá frenar las violencias.
El objetivo de las políticas públicas, de la red asociativa de la ciudad y de toda la ciudadanía debe ser la lucha contra las desigualdades y la exclusión, que es condición básica para la cohesión social y el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia a la comunidad de todas las personas que conviven en ella.[banner-AMP_13]
La administración municipal debe trabajar para lograr amplios consensos para implementar políticas públicas de choque que garanticen la dignidad de toda la ciudadanía y el acceso a los derechos educativos y culturales, a una sanidad universal y de calidad. Debe diseñar y desarrollar políticas de vivienda que no dejen a ninguna familia al margen (en la calle o en pensiones), y debe mantener un diálogo constante con el tejido asociativo de la ciudad, sobre todo en momentos de conflicto.[banner-AMP_14]
Las entidades y colectivos organizados de la ciudad deben fortalecerse y tener como objetivo prioritario la intercooperación, la mezcla, la interconexión entre las diversas realidades de la ciudad, explorando nuevas expresiones de cultura popular que nos definan en nuestra diversidad, compartiendo luchas sociales por la mejora de nuestros barrios, siendo exigentes con la administración municipal y corresponsables en la resolución de los conflictos.[banner-AMP_15]
Y cada uno de nosotros, individualmente, debemos ejercer nuestros derechos y deberes y tomar conciencia de que no hay interés más noble que el interés colectivo.
Parece que muy pronto, finalmente, conoceremos el nombre de la persona que dirigirá la Defensoría de la Ciudadanía de Mataró y que deberá asumir el reto, entre muchos otros, de facilitar estos diálogos y espacios de encuentro entre los diferentes agentes de la ciudad y la administración municipal. Necesitará coraje, humildad y mucha capacidad de empatía.[banner-AMP_16]