Sobrepasados por la carencia de pisos asequibles

La carencia de pisos sociales y de alquileres asequibles, el elevado número de familias en riesgo de exclusión social y el fenómeno de las ocupaciones ilegales de viviendas son un cóctel explosivo en Mataró. La ciudad se encuentra sobrepasada y con muchas dificultades para dar respuesta a este grave problema social, que afecta tanto a las personas que no pueden acceder a una vivienda digno, como a los vecinos que sufren las okupaciones de perfil más criminal, que también abundan en la capital del Maresme. Los datos lo hacen evidente negro sobre blanco, pero también el día a día de muchas comunidades de propietarios afectadas por este tema, y el de Servicios Sociales del Ayuntamiento, que tiene que dedicar múltiples recursos a esta cuestión.

El pasado jueves, día 14, se vivió un desahucio más en la ciudad, algo que se repite semana detrás semana. Pero este, que afectó una mujer de 30 años y su hijo de 10 a un bloque de pisos del Matadero, pasó mucho menos desapercibido por la contundencia del operativo policial, que acabó con dos detenidos, una decena de identificados y varias personas heridas, todas ellas miembros de entidades que luchan contra los desahucios. Según datos municipales, se tiene constancia de 58 desahucios ocurridos a la ciudad durante el 2018. Y la situación este año va a peor. En los próximos meses hay 78 lanzamientos con fecha fijada y 32 más pendientes de día. Algo del cual ya avisó la Plataforma de Afectados por la Crisis y el Capitalismo (PACC), la entidad más activa de la ciudad en la lucha contra los desalojos. El mes de febrero pasado apuntó que en tan sólo quince días a la ciudadhabía previstos 18 desahucios, y que durante el año 2018habían parado hasta 80. El consistorio, por su parte, pidió al 2018 116 moratorias al juzgado, algunas en varias ocasiones para el mismo caso. Y se tramitaron 105 solicitudes de alquiler social a Mesa de Emergencias sociales de la Generalitat de Cataluña, de las cuales se han resuelto el 72%.

Mataró no tiene suficientes recursos para dar una solución a todas las familias o personas que se quedan en la calle. Según datos municipales, el Ayuntamiento gestiona un total de 321 pisos, 168 de los cuales de protección oficial en alquiler, 104 dedicados a personas derivadas de servicios sociales que pagan una renta adaptada a sus ingresos (sesumarán 5 más próximamente), y 54 gestionados por la bolsa de alquiler social del consistorio. El consistorio ha adquirido 19 viviendas por derecho de tanteig, de un total de cerca de 700 que ha inspeccionado en la ciudad. Un porcentaje muy reducido del total porque no cumplían los requisitos necesarios. O bien estaban ocupados (el 89%), o bien se ofrecían a precios superiores a los de mercado, o la rehabilitación no era viable. A todo ello hay que sumar los pisos gestionados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, de la Generalitat, de los cuales el ayuntamiento no dispone datos concretos. La PACC apunta que, para hacer frente a la demanda real, Mataró tendría que tener unas 2.000 viviendas sociales, muy lejos de la realidad actual.

La crisis, en cifras

• El Ayuntamiento gestiona 321 pisos sociales
• Se han pedido 116 moratorias de desalojos a los juzgados durante el 2018
• En los próximos meses hay 78 lanzamientos con fecha fijada y 32 pendientes de fecha
• El 89% de los 700 pisos que ha inspeccionado el Ayuntamiento para comprarlos por derecho de tanteo estaban ocupados

La gestión de la emergencia habitacional

Servicios Sociales del Ayuntamiento, a la avenida Puig y Cadafalch, hierve de actividad. El número de familias mataronines en riesgo de exclusión social es elevado en una ciudad que ha sufrido muy fuerte los estragos de la crisis. Y uno de los grandes dolores de cabeza en el día a día del servicio es la gestión de la emergencia habitacional, es decir, de aquellos casos donde la pérdida del hogar es inminente. "Las familias nos llegan hoy mayoritariamente cuando están a punto de ser desahuciadas, y el margen de maniobra ya es muy reducido", explica Asun Muñoz, Ninguno de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Gran parte de los casos se producen porque las familias afectadas no pueden seguir haciendo frente a la renta de alquiler, o bien por ocupación ilegal de la vivienda (los desahucios por impago de la hipoteca son hoy muy minoritarios). "Antes podíamos trabajar más en la prevención de la pérdida de la vivienda con las personas afectadas, pero hoy es muy difícil", remacha Muñoz.

"A menudo no tenemos capacidad de respuesta inmediata a las necesidades de vivienda que tienen estas familias"

El problema, de enorme magnitud, se resume en que "no hay bastante alquiler asequible al mercado", tal y cómo afirman desde Servicios Sociales. Este hecho comporta que un grueso demasiado grande de mataronins se vea expuesto, de una u otra manera, en la emergencia habitacional. Hay perfiles a los cuales resulta más (relativamente) sencillo encontrarlos una salida. Pero en los últimos meses el servicio tiene que hacer frente a casos como los de familias con dos hijos venidas directamente de países como Marruecos, que aterrizan en la ciudad sin ningún vínculo previo con la misma, tan sólo con las claves de un piso que han comprado directamente de origen a alguna de las organizaciones mafiosas que operan en la ciudad y que ocupan pisos vacíos para después revenderlos o rellogar-los. A la cabeza de poco los llega la orden de desahucio, contra la cual no hay casi nada a hacer. Y acuden al consistorio porque ven que se quedarán en la calle.

"Antes podíamos trabajar más en la prevención de la pérdida de la vivienda con las personas afectadas, pero hoy es muy difícil"

"A menudo no tenemos capacidad de respuesta inmediata a las necesidades de vivienda que tienen estas familias", apuntan desde Servicios Sociales. Ante esto, la solución pasa para pedir una moratoria al juzgado para postergar el lanzamiento (que no siempre se concede) y buscar mientras tanto un alojamiento alternativo, ya sea el centro de acogida municipal, una pensión o una habitación de hotel, en función de las necesidades de la familia. A la vegada se solicita que se atienda el caso a Mesa de Emergencia de la Generalitat. El problema de la misma es que, aunque dé una resolución favorable, hay tantos casos pendientes que la entrega de las claves de un piso social para la familia se puede alargar meses y meses. Y encima, es fuerza habitual que, cuando finalmente la familia puede entrar, se encuentre el piso social ocupado ilegalmente por alguien otro. "Tenemos dos casos a quienes los ha pasado recientemente", explican desde Servicios Sociales. A pesar de que estos casos tienen orden de prioridad porque se trata de la ocupación de un bien público, el juzgado puede tardar medio año al resolverlos. "Ya no sacamos la puerta 'anti-okupa' del piso hasta que la familia a quien le corresponde no está a punto de entrar" relatan desde Servicios Sociales, que más de un golpe se han encontrado estas puertas destrozadas con motoserra o radial; las mafias que buscan pisos vacíos en la ciudad no muestran ninguna contemplación.

El Ayuntamiento siempre pide moratoria al juzgado cuando no hay vivienda alternativa y también cuando hay menores implicados. Pero no si los afectados determinan que disponen de un lugar donde ir a vivir temporalmente antes de la fecha de lanzamiento. También se intentan tramitar tantos casos como sea posible a la mesa de emergencia (cerca de un centenar en 2018), pero no todas las familias cumplen con los requisitos. "Entonces tienes que trabajar otras vías con las familias afectadas", relata Muñoz. Aquí entran en juego las prestaciones en la ayuda de alquiler, el apoyo alimentario o en concepto de pobreza energética. Recursos que, según denuncian las entidades sociales, son insuficientes. Desde Servicios Sociales insisten que trabajan "desde la corresponsabilidad con las familias", puesto que estas no pueden esperar, como pasa en algunos casos, que el consistorio los solucione totalmente su problema.

Alquileres asequibles: una utopía?

El Ayuntamiento considera que la vivienda social tienen que ser transitorios para dar respuesta a situaciones concretas, y como plataforma porque las familias puedan acceder a pisos de alquiler asequibles, que las doten de autonomía y empoderament, sin depender de los servicios sociales. Pero estos alquileres baratos hoy son inexistentes, y aquí rae todo el problema. El consistorio ha impulsado el proyecto 'Yes we levadura', a través del cual financia la rehabilitación de pisos en desuso para alquilarlos a precios asequibles. El objetivo del proyecto, subvencionado por la Unión Europea, es sacar al mercado parte de los más de 3.000 pisos que quedaron vacíos después del alud de desahucios por impago de hipotecas, y que restan en manso de particulares, bancos y empresas. Habrá que ver en los próximos meses qué resultados mujer.