Este martes 28 de octubre por la mañana se ha hecho efectivo el desahucio de Soledad y su hija en el barrio de Cerdanyola de Mataró, tras varios aplazamientos en los últimos meses. Tal como estaba previsto, un amplio dispositivo de Mossos d’Esquadra ha hecho acto de presencia en la puerta del bloque del número 113 de la Avenida Gatassa para garantizar el lanzamiento judicial ordenado por el juzgado. Los agentes de la Brimo han acordonado la entrada y han evitado cualquier interferencia durante todo el proceso.
A pesar de la concentración convocada por el Sindicato de Vivienda de Mataró, que desde primera hora de la mañana se había reunido frente al edificio para intentar evitar el desahucio, la movilización no ha podido impedir su ejecución. Hacia las 9 de la mañana, Soledad, visiblemente emocionada, ha salido de casa acompañada de su hija, con dificultades para caminar pero por su propio pie, entre los gritos de apoyo y abrazos de las personas congregadas.
Se pone así punto final a un largo proceso judicial que ha tenido un amplio eco en la ciudad. Soledad, de 56 años, y su hija —ambas con discapacidad reconocida y problemas de salud mental— vivían desde hace décadas en este piso, que había sido de su propiedad y posteriormente pasó a manos de un fondo buitre, Promontoria Coliseum Residential, vinculado al grupo financiero Cerberus. El fondo se negó a renovarle el contrato de alquiler social, hecho que ha acabado desembocando en el desahucio.
Dispositivo policial en el desahucio
Las claves del caso
- Este martes se ha hecho efectivo el desahucio de Soledad y su hija en el barrio de Cerdanyola de Mataró, tras meses de aplazamientos.
- Un amplio despliegue de la BRIMO de los Mossos ha acompañado a la comitiva judicial después de meses de aplazamientos.
- Decenas de personas han protestado contra el desahucio, convocadas por el Sindicato de Vivienda, que denuncia la injusticia del caso.
- Madre e hija, con discapacidad reconocida, vivían en un piso ahora propiedad de un fondo buitre que se negó a renovar el alquiler social.
- Ambas mujeres están a la espera de una vivienda de la mesa de emergencia, que podría llegar en un plazo de dos meses.
El Sindicato de Vivienda había denunciado reiteradamente la falta de una alternativa habitacional real para el caso, señalando que Servicios Sociales solo había ofrecido unos días de alojamiento temporal en un hostal. La organización asegura que la situación de Soledad “simboliza la violencia inmobiliaria y la pasividad institucional ante los fondos de inversión que especulan con el derecho a la vivienda”.
Fuentes del Ayuntamiento, por su parte, recuerdan que Soledad tiene aprobada su solicitud en la Mesa de Emergencia y que se está a la espera de que la Generalitat le asigne una vivienda social. Según fuentes del mismo Sindicato, el piso debería estar disponible en un plazo de dos meses. Hasta entonces, desde los Servicios Sociales municipales se le han ofrecido recursos de emergencia, como un alojamiento temporal en una pensión.
Protesta del Sindicat d'Habitatge ante el despliegue policial. Foto: R. G.
Una vida truncada por la enfermedad y la especulación
La historia de Soledad es también la de una vecina que ha visto cómo una vida de trabajo y esfuerzo se desmoronaba por una cadena de circunstancias adversas. Compró el piso en 2005 con una hipoteca de la desaparecida CAM. Trabajaba en tres empleos para pagarlo, hasta que una intervención médica fallida le provocó una discapacidad del 66% y la dejó con una pensión mínima. Tras la crisis de 2008, y con una hija pequeña a su cargo, perdió la propiedad pero consiguió quedarse con un alquiler social, que pagó puntualmente durante años.
Cuando el inmueble pasó a manos del fondo buitre Promontoria Coliseum Residential, este se negó a renovarle el contrato. “No pido nada gratis, solo poder pagar un alquiler asequible como antes”, explicaba en una entrevista a Capgròs.
Su hija, que padece agorafobia y problemas de salud mental, es una de las razones por las que Soledad se resistía a marcharse. “Es catalana, ama Mataró, y me duele mucho obligarla a irse a otro sitio”, lamentaba hace unos meses. Según explica, hace años que pide ayuda a los Servicios Sociales, pero solo ha recibido como opción una plaza temporal en un albergue. “No pido caridad, pido justicia. Puedo pagar, pero no como una inmobiliaria”, insistía.
Durante estos años, Soledad ha estado presente en otras protestas contra desahucios en su barrio, incluso cuando su estado físico no se lo permitía. “No me siento delincuente. Me siento una persona abandonada por un sistema que no nos protege.” Con estas palabras resumía una situación que definía como “una tortura, una pesadilla que no te deja dormir ni comer”.
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