Un regidor del PPC hace un uso indebido de los datos del padrón municipal

El gobierno municipal ha pedido un informe a la Agencia Catalana de Protección de Datos para determinar si el regidor del PPC, Juan Carlos Ferrando, ha vulnerado la legislación vigente haciendo un uso indebido de los datos de un ciudadano. El regidor popular mandó una carta a un ciudadano que había sido dado de baja del padrón municipal, a través de la cual le explicaba que el alcalde lo había "borrado del censo de habitantes". En la misma carta, el regidor se ofrecía a "mediar por sus intereses" en nombre del grupo popular.

El gobierno tuvo conocimiento de estos hechos después de que este ciudadano se dirigiera a la Oficina de Atención Ciudadana para pedir información sobre la carta que le envió Ferrando. La regidora de Servicios Centrales, Montse López, recuerda que los regidores del Ayuntamiento pueden conocer el contenido de decretos y resoluciones municipales, pero que no pueden divulgar esta información. Según la regidora, el uso que Ferrando hizo de estos datos "podría vulnerar el derecho a la confidencialidad". Para esclarecer el tema, el gobierno recurrió al secretario municipal, que en el informe que ha redactado ha recomendado someter el caso a consulta de la Agencia Catalana de Protección de Datos. Además, y por "motivos de prudencia", el secretario también ha recomendado que a partir de ahora la información que se entregue a los regidores no contemple más dato personal que el nombre y apellido de las personas afectadas.

La cabeza del grupo del PPC, Pau Mojedano, asegura que Ferrando no ha cometido ninguna ilegalidad ni ha actuado de mala fe y únicamente admite "la incorrección en el tono de la carta". Según explica, Ferrando se interesó por esta cuestión después de recoger algunas quejas de ciudadanos inmigrantes que también habían sido dados de baja del padrón. "Nuestro trabajo como regidores es la de interesarnos por los ciudadanos y defender sus derechos para conseguir su confianza", recuerda Mojedano, que insiste en que, en este caso, no se puede hablar de vulneración de la legalidad vigente porque los datos del ciudadano no se hicieron públicas. La cabeza del grupo popular, por último, considera que se ha "dado importancia política a una cosa que no la tiene" y acusa el gobierno "de actuar de manera barroera" haciendo llegar el informe del secretario a los medios de comunicación "para transmitir una sensación equivocada".