Vecinos de un bloque de pisos de PUMSA temen que los echen

Los vecinos del bloque del número 28-30 de la calle Pascual Madoz de Mataró exigen a la empresa municipal PUMSA, propietaria del inmueble, la renovación de los contratos de alquiler. Según alertan, hay una quincena de familias con el contrato expirado o a punto de hacerlo, sin que el consistorio, dicen, se haya puesto en contacto. "Esta incertidumbre es una tortura y es muy grave que el Ayuntamiento utilice el silencio como forma de presión para echarnos", ha señalado María Giménez, una de las vecinas del bloque con el contrato vencido desde el mes de enero. El Ayuntamiento, por su parte, niega que se quiera expulsar a los vecinos. Fuentes municipales, de hecho, aseguran que en la mayoría de los casos ya se está "en proceso" de prorrogar los alquileres.

Se trata de un total de dieciséis viviendas del bloque, de las cuales "se está analizando cada situación". En un comunicado, el Ayuntamiento de Mataró recuerda que la tramitación de prórrogas "no es una novedad", que los contratos más antiguos son de 2007 y que en estos años ya se han tramitado prórrogas anteriores.

En este sentido, el Ayuntamiento explica que, de los contratos que ya han vencido o están a punto de hacerlo, hay "posibilidad de prórroga", ya que los inquilinos siguen cumpliendo las condiciones para ser beneficiarios de vivienda social. A excepción de un caso que no ha presentado toda la documentación necesaria, detalla el consistorio, el resto ya están en vías de renovación.

El relato es muy diferente al que hacen los afectados, que acusan a la administración local de "silencio". María Giménez, vecina del bloque, dice que hace más de un mes que tiene el contrato caducado y que no tiene respuesta del Ayuntamiento a sus peticiones de información: "No se imaginan la terrible angustia que estamos sufriendo".

Los vecinos están asesorados por el Sindicato de Vivienda, que acusa al consistorio de una "evidente impotencia" a la hora de resolver el "gravísimo problema" de la vivienda en la ciudad. La portavoz del colectivo, Pilar Sánchez, reprocha al Ayuntamiento que se comporte "como cualquier otro rentista" en el caso del 'bloque Pascual'.

En el edificio, conocido como 'los pisos de los maestros', hay 35 viviendas públicas. Según datos del consistorio, además de los dieciséis en litigio, hay tres con alquiler indefinido y nueve con un contrato de alquiler vigente y sin vencimiento próximo. También hay cuatro gestionadas por Servicios Sociales y el Centro de Formación y Prevención como pisos compartidos.

Dos pisos más están en litigio. Uno está ocupado ilegalmente y en proceso de recuperación por parte del Ayuntamiento, mientras que el segundo tiene deudas pendientes y tiene una demanda interpuesta desde hace tres años. "Los inquilinos pagan un alquiler inferior al precio de mercado y, en casos de necesidad, se analiza la posibilidad de formalizar planes de pago personalizados", añade el consistorio.

Con todo, los vecinos aseguran no estar tranquilos. Recuerdan que algunos llevan viviendo allí veinte años y que se trata de personas "de clase trabajadora" con situaciones personales "muy diversas" que ven imposible acceder al mercado libre si se quedan sin el piso donde viven.

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