Amplio apoyo a una huelga general para bajar los alquileres

Los resultados de una macroencuesta impulsada por el Sindicat de Llogateres revelan un amplio apoyo a medidas para combatir el aumento del coste de la vida. La consulta, realizada en 42 municipios de Catalunya, también refleja una demanda mayoritaria de incrementos salariales vinculados a la inflación y de limitación de los precios de los productos básicos. El 82% de los encuestados estaría dispuesto a hacer una huelga general para bajar los alquileres. Así se desprende de los resultados preliminares de la encuesta, hecha en 42 municipios de toda Catalunya. Además, un 81,1% apoya subir los salarios al mismo ritmo que la inflación, mientras que un 89% es partidario de "poner límites de precio a los productos básicos, como los alimentos o la energía".

En un comunicado, el Sindicat también ha destacado que un 69,9% de los encuestados han tenido que hacer "renuncias" por el aumento del coste de la vida, un 31% de los cuales en gastos "básicos" como la comida o el transporte.

La macroencuesta forma parte de la campaña Viure ens costa la vida, una iniciativa promovida por una decena de organizaciones sindicales y sociales con el objetivo de visibilizar el impacto del encarecimiento del coste de la vida sobre la población. Entre las entidades impulsoras figuran la CGT y el Sindicat de Llogateres, que consideran que existe una base social suficiente para plantear movilizaciones de gran alcance.

Una consulta para saber hasta dónde se puede llegar

Según ha explicado el portavoz de la campaña, Rubén Sáez, la consulta quería medir hasta qué punto la ciudadanía estaría dispuesta a participar en una eventual huelga general vinculada a las dificultades de acceso a la vivienda y a la pérdida de poder adquisitivo. En este sentido, ha defendido que el contexto actual justifica la apertura de este debate, a pesar de remarcar que una convocatoria de estas características requiere una preparación previa y una amplia implicación social.

Desde la organización alertan de que el aumento sostenido de los precios está agravando situaciones de precariedad que afectan cada vez a más personas. Aseguran que muchos hogares tienen dificultades para cubrir gastos básicos o mantener la vivienda, incluso en casos de personas con trabajo estable. Por este motivo, consideran que la situación social y económica actual exige medidas urgentes para garantizar unas condiciones de vida dignas.