Capgròs
España continúa sin transponer la directiva europea que permite eximir del IVA a los pequeños autónomos, a pesar de que el plazo para hacerlo expiró el 1 de enero de 2025. Se trata de la Unión Europea Directiva 2020/285, una reforma comunitaria que ofrece a los estados miembros la posibilidad de liberar del impuesto sobre el valor añadido a los profesionales con menor volumen de facturación.
Según los cálculos del despacho Navas & Cusí, entre 1,5 y 2 millones de pequeños autónomos españoles podrían estar beneficiándose ya de esta medida. Sin embargo, España es el único país de la UE que aún no ha incorporado formalmente la norma a su ordenamiento jurídico. Otras grandes economías europeas como Alemania, Francia o Italia ya han activado sistemas de exención con diferentes umbrales de facturación.
La directiva fija un máximo de 85.000 euros anuales de facturación para poder aplicar la exención, aunque cada estado puede establecer su propio límite, decidir si el régimen es obligatorio o voluntario y delimitar su aplicación a determinados sectores. Alemania, por ejemplo, aplica la exención a quienes facturan menos de 22.000 euros anuales; Francia lo hace en el sector servicios hasta los 33.800 euros; e Italia ha optado por el tope máximo permitido por Bruselas.
Reducción de ingresos de entre 3 mil y 5 mil millones de euros
El principal escollo para España es el impacto recaudatorio. Según las estimaciones, la transposición podría comportar una reducción de ingresos de entre 3.000 y 5.000 millones de euros anuales. No obstante, Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, sostiene que la experiencia de otros países demuestra que la pérdida no es tan significativa como se podría pensar. “Quizás hay un primer impacto en la recaudación, pero simplificar la burocracia puede favorecer que aflore parte de la economía sumergida”, argumenta.
Más allá del efecto fiscal, la cuestión también tiene derivadas jurídicas. La Comisión Europea ya abrió a finales del año pasado un expediente sancionador contra España por incumplimiento de los plazos de transposición. Si no hay una reacción rápida, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con el riesgo de una sanción económica.
Para Navas, pero, la cuestión va más allá de evitar multas. “Es una cuestión de lealtad institucional y de apoyo al tejido productivo más vulnerable”, defiende. En un contexto de fuerte competencia internacional, considera que mantener una carga administrativa y fiscal superior a la de los países vecinos sitúa a los microempresarios españoles en desventaja competitiva.
El Gobierno español ha defendido que ya existen figuras como el régimen especial o el recargo de equivalencia, así como determinadas exenciones para operaciones intracomunitarias. Sin embargo, los expertos insisten en que estas alternativas no sustituyen plenamente el régimen simplificado que plantea la directiva europea.
A la espera de una decisión política, miles de pequeños autónomos continúan soportando obligaciones formales y fiscales que, en otros países europeos, ya han sido aligeradas. La pelota está ahora en el tejado del Ejecutivo, con Bruselas vigilando de cerca los próximos movimientos.
Fuente: www.elespanol.com/sociedad
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