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A partir del 1 de enero de 2026, los trabajadores que quieran jubilarse contarán con una novedad sin precedentes en el sistema público de pensiones. La Seguridad Social permitirá elegir entre dos opciones para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación, un cambio que forma parte de la segunda fase de la reforma impulsada por el exministro Escrivá mediante el Real Decreto-ley 2/2023.
Con este nuevo modelo, cada persona podrá optar por la fórmula que le resulte más favorable según su trayectoria laboral y sus bases de cotización. La primera opción —la tradicional— seguirá siendo sumar las bases de cotización de los últimos 25 años (es decir, 300 bases) y dividir el total entre 350. La alternativa —más flexible— permitirá sumar las 302 bases más altas de los últimos 304 meses y dividirlas entre 352,33.
Este sistema es especialmente beneficioso para aquellos trabajadores que hayan tenido periodos sin cotizar o años con salarios más bajos, ya que podrán “descartar” los meses menos favorables. Además, la normativa prevé la integración de lagunas: los meses sin cotización se completarán con bases ficticias que oscilan entre el 100 % y el 50 % de la base mínima, salvo en el caso del régimen de empleadas del hogar y de los autónomos.
La reforma, sin embargo, no se detiene aquí. Entre 2027 y 2040, el periodo de cómputo se irá ampliando progresivamente. Año tras año, se añadirán cuatro meses más al periodo considerado y dos bases de cotización adicionales al cálculo. Así, en 2040 se llegará a sumar las 324 mejores bases de los últimos 348 meses y se dividirá entre 378, ya dentro del sistema definitivo establecido por la Ley General de la Seguridad Social.
Durante los años de transición (2041 a 2043) se seguirá aplicando una doble comprobación para garantizar que cada pensionista reciba el importe más alto posible. La Seguridad Social calculará la pensión con el nuevo modelo y, si este fuera inferior, aplicará la fórmula transitoria con un divisor algo más bajo.
Planificar con antelación la jubilación
Este cambio de paradigma obliga a los trabajadores a planificar con antelación su jubilación y revisar cuidadosamente sus bases de cotización. Elegir jubilarse un año antes o después puede conllevar diferencias económicas notables, especialmente para aquellas personas con trayectorias laborales irregulares.
En definitiva, esta reforma ofrece más flexibilidad y la posibilidad de mejorar la pensión final. No obstante, también implica mayor complejidad y la necesidad de hacer cálculos personalizados para saber qué opción conviene más en cada caso.
Con este paso, la Seguridad Social quiere adaptar el sistema de pensiones a las nuevas realidades laborales y garantizar que cada persona pueda retirarse con la máxima cobertura posible. Una oportunidad que, bien planificada, puede marcar una diferencia significativa en el bienestar económico de los jubilados del futuro.
Fuente: madridinforma.eldiario.es
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