Cuando Mataró Parc abrió sus puertas en el año 2000, el proyecto de ampliación ya formaba parte de los planes de la propiedad. General de Galerías Comerciales, la empresa del empresario Tomás Olivo, quería hacer crecer el complejo con nuevos establecimientos especializados y ampliar su oferta comercial.
La propuesta preveía 30.000 metros cuadrados de nueva superficie comercial, pero nunca se ha llegado a ejecutar. Las discrepancias sobre la ordenación urbanística de los terrenos y las dimensiones de la operación han mantenido el proyecto encallado durante años. Ahora, el conflicto ha desembocado en una reclamación de 357,8 millones de euros contra el Ayuntamiento de Mataró, que rechaza tener que compensar a la empresa.
30.000 metros cuadrados divididos en dos espacios
La maqueta de la ampliación permite ver cómo se habría transformado el complejo comercial. El proyecto se dividía en dos ámbitos diferenciados. El principal se situaba en el solar de la parte superior de la calle de Bruselas, donde se preveían más de 20.000 metros cuadrados para medianas superficies comerciales. Los establecimientos se habrían especializado en sectores como el bricolaje, la decoración, la jardinería, el equipamiento del hogar y los servicios relacionados con el automóvil. La actuación también contemplaba 2.500 plazas de aparcamiento.
La segunda parte del proyecto se situaba en la cubierta de la pérgola, donde se encuentra el mirador actual. La propuesta incorporaba grandes superficies dedicadas principalmente al sector de la moda. La ampliación, por lo tanto, no se limitaba a añadir locales al centro existente. Pretendía incorporar operadores especializados en actividades que requieren establecimientos de grandes dimensiones y ampliar la capacidad de atracción comercial de Mataró Parc.
Vista aérea de Mataró Parc
El Leroy Merlin que no llegó a Mataró
Uno de los establecimientos que debía formar parte de la operación era Leroy Merlin. Según la propiedad, la empresa había llegado a tener un contrato con esta cadena para que se instalara en Mataró, pero el acuerdo se tuvo que resolver cuando la ampliación no pudo salir adelante.
La presencia de Leroy Merlin habría reforzado la oferta de bricolaje, construcción, decoración y jardinería del complejo. Son actividades que necesitan grandes superficies de venta y que la propiedad quería incorporar al proyecto para diversificar la oferta del centro comercial. La instalación de este operador también habría situado Mataró Parc en competencia más directa con otras zonas comerciales de la comarca y del entorno metropolitano que ya concentran establecimientos de este tipo.
Un modelo con similitudes al de Cabrera
El complejo comercial de Carrefour Cabrera, en Cabrera de Mar, es uno de los principales referentes del entorno. Alrededor del hipermercado se concentran establecimientos especializados en bricolaje, mobiliario y equipamiento del hogar, entre los que se encuentran Leroy Merlin, Brico Depôt o Fronda.
La oferta responde a un modelo comercial basado en grandes establecimientos especializados, con aparcamiento y una clientela que habitualmente se desplaza en vehículo privado para hacer compras concretas. La ampliación habría permitido al centro mataronense reforzar su presencia en estos segmentos y competir para captar clientes de Mataró y de otros municipios del Maresme.
El Ayuntamiento planteaba una ampliación más reducida
El proyecto de 30.000 metros cuadrados no se podía ejecutar directamente. Los terrenos estaban sujetos a condicionantes urbanísticos y era necesario modificar su ordenación para permitir los usos comerciales previstos.
Una sentencia del Tribunal Supremo de 2017 abrió una vía para que Mataró Parc pudiera plantear una ampliación, a pesar de quedar fuera de la Trama Urbana Consolidada de Mataró. La resolución, sin embargo, no autorizaba automáticamente la construcción de los 30.000 metros cuadrados ni obligaba al Ayuntamiento a aprobar el proyecto en los términos que reclamaba la propiedad.
En 2019, el consistorio planteó una reordenación del sector que permitiría estudiar una ampliación de hasta 11.000 metros cuadrados, muy por debajo de la superficie que quería General de Galerías Comerciales. La propuesta formaba parte de una ordenación más amplia de Cirera Nord, que también debía preservar espacios libres y tener en cuenta los accesos a la C-32 y la proximidad del Hospital de Mataró.
La diferencia entre las dos propuestas es considerable: la superficie que defendía la propiedad casi triplicaba la que contemplaba la alternativa municipal.
Acceso principal a Mataro Parc. Foto: R. Gallofré
El tráfico, uno de los argumentos municipales
El Ayuntamiento ha cuestionado las dimensiones de la ampliación por el impacto que podría tener sobre la movilidad. Los accesos a Mataró Parc ya registraron problemas de circulación durante los primeros años de funcionamiento, y en 2016 se ejecutaron actuaciones para mejorar los accesos a la C-32.
El consistorio considera que una ampliación comercial de esta magnitud debe evaluarse teniendo en cuenta los desplazamientos que generaría, la capacidad de las vías de acceso y la proximidad del hospital. También defiende que cualquier crecimiento debe encajar en la ordenación urbanística del sector. La propiedad sostiene, en cambio, que la falta de modificaciones urbanísticas le ha impedido desarrollar el proyecto y obtener los ingresos que preveía.
Una reclamación de 357,8 millones de euros
El desacuerdo ha acabado convirtiéndose en una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento. General de Galerías Comerciales pide 357,8 millones de euros por los perjuicios que atribuye a la imposibilidad de ampliar Mataró Parc.
La cantidad se divide en dos partidas: 63,6 millones de euros de daño emergente, vinculados al perjuicio económico que la empresa atribuye a la edificabilidad que considera perdida, y 294,2 millones de lucro cesante, correspondientes a los ingresos que calcula que habría obtenido con el alquiler de los nuevos locales.
Esta segunda partida representa la mayor parte de la reclamación. La empresa no pide solo una compensación por los perjuicios que considera que ha sufrido, sino también por los beneficios que asegura que habría generado la actividad comercial de la ampliación.
El Ayuntamiento rechaza la reclamación. Argumenta que la empresa no tenía garantizado el derecho a construir los 30.000 metros cuadrados, que las resoluciones judiciales no obligaban a aprobar el planeamiento reclamado y que los beneficios futuros calculados por la propiedad no acreditan, por sí solos, un daño indemnizable. El consistorio también defiende que la reclamación se ha presentado fuera de plazo.
El caso continúa pendiente de resolución. La discusión sobre el futuro comercial de Mataró Parc ha quedado vinculada a una cuestión jurídica y económica de gran alcance: si la falta de una nueva ordenación urbanística genera un derecho a indemnización y si los beneficios que la empresa atribuye al proyecto no ejecutado se pueden considerar un perjuicio acreditado.