Capgròs
El Gobierno español ha confirmado que mantendrá las penalizaciones para las jubilaciones anticipadas, a pesar de las reclamaciones de los colectivos de trabajadores con largas trayectorias laborales. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha rechazado recientemente una propuesta legislativa que pretendía eliminar los descuentos en la pensión para quienes se jubilen antes de la edad legal, incluso si han cotizado más de 40 años.
Esta decisión cierra, por el momento, una vía parlamentaria que buscaba dar respuesta a una reivindicación histórica, especialmente de la plataforma ASJUBI40, que agrupa a los trabajadores afectados por esta situación. La iniciativa, impulsada por el Grupo Mixto y con apoyo de Podemos, pretendía modificar el artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social para establecer que “no procederá aplicar ninguna reducción cuando el trabajador acredite un período de cotización de 40 años”.
Una propuesta rechazada por el Ministerio
La ministra de Inclusión, Elma Saiz, rechazó la propuesta en el Congreso de los Diputados, argumentando que las reformas de pensiones más recientes ya han garantizado la sostenibilidad del sistema y ajustado las condiciones de jubilación. Según Saiz, las modificaciones introducidas en 2021 —en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo— ya revisaron los coeficientes reductores con el objetivo de desincentivar las jubilaciones anticipadas.
El Ministerio defiende que las penalizaciones son necesarias para mantener el equilibrio financiero de la Seguridad Social y evitar un incremento prematuro de las salidas del mercado laboral. De este modo, se reafirma que los descuentos seguirán aplicándose a cualquier trabajador que decida jubilarse antes de la edad legal, independientemente de los años cotizados.
Un “castigo de por vida”, según los afectados
Los colectivos afectados consideran la decisión un “castigo de por vida” para trabajadores que, en muchos casos, han cotizado durante más de cuatro décadas. Denuncian que, pese a haber cumplido sobradamente con las exigencias del sistema, ven reducida su pensión inicial de manera permanente.
Los coeficientes reductores aplicables pueden tener un impacto significativo. En el caso de una jubilación anticipada voluntaria, la reducción oscila entre un 2,81% y un 21%, según los meses de adelanto y los años cotizados. Incluso aquellos que acreditan más de 44 años y 6 meses de cotización continúan viendo reducida su pensión si deciden retirarse dos años antes, con una pérdida aproximada del 13% de forma vitalicia.
El marco legal vigente
La legislación actual, reforzada tras la reforma de 2021 (Real Decreto-ley 2/2021 y Ley 21/2021), establece una edad ordinaria de jubilación progresiva. Desde 2024, si se han cotizado menos de 38 años, la jubilación legal se fija en los 66 años y 6 meses. Si se superan los 38 años cotizados, se puede acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años.
Aunque la jubilación anticipada voluntaria permite adelantar hasta 24 meses (dos años), el Gobierno mantiene su postura de que esta opción conlleve una reducción proporcional y permanente de la pensión.
Con esta decisión, el Ejecutivo español reafirma su apuesta por un modelo de pensiones sostenible, pero cierra la puerta a una reivindicación que, para miles de trabajadores con más de 40 años cotizados, sigue siendo una cuestión de justicia social.
Fuente: www.diaridegirona.cat/economia
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