Capgròs
Mataró Parc reclama 357,8 millones de euros al Ayuntamiento de Mataró por los perjuicios que, según la propiedad, le ha provocado la imposibilidad de ampliar el centro comercial. General de Galerías Comerciales, propiedad del empresario Tomás Olivo, considera que la falta de actuaciones urbanísticas del consistorio ha impedido desarrollar la edificabilidad que considera que le corresponde. El Ayuntamiento rechaza esta interpretación y sostiene que no existe ningún derecho a la ampliación ni ninguna obligación legal de modificar el planeamiento, según ha informado ACN.
La reclamación patrimonial se presentó en abril y sitúa el perjuicio en 357,8 millones. En el documento, al que ha tenido acceso ACN, la compañía afirma que el Ayuntamiento no ha cumplido sus "obligaciones" urbanísticas y que esta situación le ha impedido "utilizar la edificabilidad a la que tiene derecho".
La propiedad mantiene el proyecto de ampliar el centro comercial en 30.000 metros cuadrados, con nuevos espacios para actividades como el bricolaje, la decoración y el hogar, la jardinería, los juguetes o los servicios para el automóvil.
Un conflicto que se remonta al año 2000
El litigio entre Mataró Parc y el Ayuntamiento viene de lejos. El centro comercial abrió en el año 2000 después de que ambas partes llegaran a un convenio que permitía incrementar la edificabilidad respecto de la autorización inicial y obtener una nueva licencia.
A cambio, según recuerda ahora el consistorio, Tomás Olivo renunció a reclamar compensaciones económicas por el exceso de cesiones urbanísticas. "Renunciaron de forma expresa a la compensación", defiende el Ayuntamiento en sus alegaciones.
La compañía mantiene, sin embargo, que existe una deuda pendiente que debería haberse compensado mediante actuaciones urbanísticas. En la reclamación vincula este perjuicio a las cesiones de suelo efectuadas durante la construcción del centro comercial.
La empresa afirma que la cesión de 148.833 metros cuadrados de suelo sin compensación le ha provocado "un empobrecimiento en el patrimonio". En estos terrenos se desarrollaron, entre otros usos, equipamientos como el Hospital de Mataró.
El Ayuntamiento niega que exista un derecho a ampliar el centro
El Tribunal Supremo reconoció en el año 2017 el derecho de Olivo a ampliar Mataró Parc, aunque con limitaciones y fuera de los límites de la Trama Urbana Consolidada. Los terrenos donde se plantea el crecimiento están calificados como zona verde y, para hacer posible el proyecto, es necesario modificar el planeamiento.
El Ayuntamiento empezó a trabajar en esta reordenación en 2019. La propuesta municipal permitía una ampliación de hasta 11.000 metros cuadrados alrededor del centro comercial y preveía también una gran anilla verde en el norte de la ciudad.
El proyecto, sin embargo, no se ha aprobado. La propiedad considera que el retraso le ha provocado "perjuicios muy importantes" y señala, entre otros casos, la resolución de un contrato con Leroy Merlin ante la imposibilidad de ampliar el centro.
El consistorio defiende que la normativa urbanística no le imponía ningún "deber jurídico" de modificar el planeamiento. En el documento municipal, el Ayuntamiento afirma que "no ha incumplido ningún deber legal" que pueda fundamentar la reclamación y va más allá: "No solo no existe un derecho a la ampliación, sino que ni siquiera hay expectativas urbanísticas derivadas del planeamiento que se hayan visto frustradas".
357,8 millones entre daño emergente y lucro cesante
La cantidad reclamada se divide en 63,6 millones de euros de daño emergente, vinculados a la edificabilidad que la empresa considera perdida, y 294,2 millones de lucro cesante, correspondientes a los ingresos que calcula que habría obtenido con los alquileres de los nuevos espacios.
El Ayuntamiento cuestiona tanto la existencia del daño como el método utilizado para calcularlo. Considera que las previsiones de rentabilidad de la compañía son una "mera expectativa" y que la reclamación "no acredita en absoluto la existencia de un daño real o efectivo".
El consistorio también califica el cálculo de 357,8 millones de "extrapolación especulativa", porque, según defiende, se basa en superficies que no se han construido ni han sido previstas en el planeamiento urbanístico.
Los servicios jurídicos municipales han elevado el caso a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. Mientras tanto, General de Galerías Comerciales mantiene la reclamación y advierte de que, si no se hace la modificación urbanística necesaria para permitir la ampliación, "se irán incrementando los daños que se reclaman en este momento".
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