Nuevos criterios para la jubilación anticipada: quién tiene derecho a ella?

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que regula el procedimiento para aplicar coeficientes reductores a la edad de jubilación en ocupaciones especialmente penosas, peligrosas, insalubres o con alta morbilidad y mortalidad. Esta medida permitirá a nuevos colectivos profesionales jubilarse antes de la edad ordinaria, pero nunca antes de los 52 años.

El texto, impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, establece criterios objetivos para determinar qué trabajos pueden acogerse. Se tendrán en cuenta factores como la exposición a agentes nocivos, ruido, temperaturas extremas o esfuerzo físico constante. También se valorará la incidencia de bajas, accidentes graves, mortalidad o incapacidades permanentes dentro del colectivo.

Actualmente, gremios como los mineros, bomberos, policías locales, personal de vuelo o profesionales taurinos ya pueden adelantar su jubilación gracias a una regulación específica. Según ha informado recientemente elEconomista.es, más de una decena de profesiones esperaban esta nueva normativa para optar también a la jubilación anticipada por razón de su peligrosidad o penosidad.

Entre ellas están los trabajadores de la construcción, bomberos forestales, policías, guardias civiles, conductores de transporte de viajeros y mercancías, taxistas, personal sanitario, trabajadores del transporte público y de la industria química, las camareras de piso de hotel (conocidas como kellys) y los buceadores.

El procedimiento comenzará con una solicitud conjunta de sindicatos, patronales o administraciones, e incluirá informes técnicos sobre salud laboral y siniestralidad. La Seguridad Social emitirá un informe de morbilidad y mortalidad, y una comisión de evaluación decidirá si hay suficientes motivos para aplicar la reducción.

Este cambio no afecta a las profesiones que ya tienen acceso a la jubilación anticipada, e incluye un recargo de cotización para los sectores beneficiarios. El decreto ha sido acordado con sindicatos (UGT y CCOO) y patronales (CEOE y CEPYME).

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