Transferencias a familiares: cantidad máxima sin pagar impuestos

Ayudar un hijo a pagarse los estudios, avanzar dinero por la entrada de un piso o apoyar a un hermano con dificultades puntuales son situaciones habituales en muchos hogares. Ahora bien, si esta ayuda se formaliza con una transferencia bancaria, hay que tener cuidado: Hacienda puede tenerte en el punto de mira según las cantidades que se estén moviendo. Un gesto que puede derivar con el pago de impuestos.

A España, las transferencias entre familiares son legales y habituales, pero no están exentas de vigilancia. La Agencia Tributaria fija un primer umbral de control a partir de los 6.000 euros. A partir de esta cantidad, no hay que hacer una declaración específica, pero sí justificar el origen y la finalidad del dinero en caso de que la Administración lo solicite.

Ahora bien, si la transferencia supera los 10.000 euros, la cosa cambia: se puede considerar una donación encubierta y, por lo tanto, obliga a presentar el modelo 651 y pagar el impuesto de sucesiones y donaciones correspondiente.

Pagar impuestos para dar dinero a un familiar

Es un error habitual pensar que, por el simple hecho de compartir apellido, estas operaciones están exentas de fiscalización. La realidad es que, si no hay contraprestación, es decir, si no se está pagando por ningún servicio o bien, se considera una donación pura y simple, y como tal se tiene que tributar.

En caso contrario, el riesgo es alto: multas desde 600 euros hasta el 50% del importe no declarado, embargos o incluso procedimientos judiciales en casos graves.

Alternativa por no pagar impuestos cuando mujeres dinero a un familiar

Una vía para evitar que Hacienda considere una transferencia como una donación es formalizarla como un préstamo entre particulares. Esto implica redactar un contrato privado, donde se especifiquen las condiciones: cantidad prestada, plazo de devolución, intereses (si hay) y firmas. Por más seguridad jurídica, se recomienda registrar el documento ante notario o presentarlo a Hacienda.

Las entidades bancarias tienen obligación legal de informar sobre operaciones sospechosas o de gran volumen, según la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales. Por eso, una transferencia que puede parecer inofensiva entre familiares puede activar mecanismos de control automáticos. Y en estos casos, la carga de la prueba recae en el ciudadano.