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Cada vez son más los trabajadores que, tras una larga trayectoria laboral, se plantean adelantar su jubilación y disfrutar antes del tiempo libre. No obstante, optar por la jubilación anticipada voluntaria puede suponer un recorte importante de la pensión, incluso en casos de personas con más de 40 años cotizados.
Según el sistema actual de la Seguridad Social, vigente en 2025, la edad ordinaria de jubilación se sitúa en los 66 años y 8 meses. No obstante, si un trabajador ha cotizado un mínimo de 38 años y tres meses, puede jubilarse a los 65 años. A partir de estas condiciones, la jubilación anticipada voluntaria permite adelantar la retirada hasta dos años antes, es decir, desde los 63 años si se cumple con el requisito de cotización.
Ahora bien, este adelanto implica penalizaciones. El sistema aplica coeficientes reductores mensuales sobre la pensión, con recortes que pueden llegar hasta el 21%, según los años cotizados y los meses que se adelante la jubilación. Por ejemplo, un trabajador con menos de 38 años y 6 meses cotizados que se jubile dos años antes, puede ver reducida su pensión en un 21%. Con una cotización de entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses, el descuento es del 17%, y si se han superado los 44 años y 6 meses, la penalización baja al 13%.
Muchos se preguntan por qué se penaliza el adelanto si solo pueden acceder personas con largas carreras de cotización. La razón es que la Seguridad Social considera que, al cobrar la pensión durante más tiempo, es necesario ajustar la cuantía para garantizar la sostenibilidad del sistema público. Además, las últimas reformas impulsadas por el Gobierno español tienen como objetivo desincentivar las jubilaciones anticipadas y fomentar las demoradas.
También hay que tener en cuenta que, para acceder a esta modalidad, la pensión resultante debe ser superior a la mínima correspondiente según la situación familiar del beneficiario a los 65 años.
Excepciones
Ahora bien, existen algunas excepciones en las que se puede acceder a la jubilación anticipada sin penalizaciones. Es el caso de las profesiones que implican condiciones laborales especialmente duras, peligrosas o insalubres, o bien personas con discapacidades reconocidas, que pueden adelantar la jubilación hasta los 56 o 52 años, según el grado.
Así pues, la jubilación anticipada es una opción legal y posible, pero conlleva consecuencias económicas importantes. Antes de tomar la decisión, es importante analizar bien los años cotizados y calcular el impacto real sobre la pensión para asegurar una retirada digna y sostenible.
Fuente: noticiastrabajo.huffingtonpost.es
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