Capgròs
Este lunes, 22 de septiembre, desde primera hora se está procediendo en Mataró al desalojo del asentamiento que con forma de cámping ilegal se había consolidado desde hacía más de un año en terrenos agrarios, fuera de toda normativa y permisos. El Ayuntamiento de Mataró, que llevaba meses tras la autorización judicial para proceder al desalojo de las personas, cuantifica en unas 15 hectáreas el espacio ocupado por este asentamiento al que se intenta poner fin.
- Un dispositivo con más de 300 personas entre agentes de la Policía Local de Mataró, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, Policía Nacional y personal municipal está en marcha este lunes por la mañana en el operativo.
- En estos terrenos de 15 hectáreas, consta que viven 85 personas empadronadas y 44 en trámite de empadronamiento, además de un número indeterminado que también estaría pernoctando
El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Barcelona es el que ha autorizado el desalojo atendiendo al requerimiento del Ayuntamiento por el alto riesgo de incendio y el riesgo ambiental que supone. Este espacio habilitado de forma ilícita en la carretera de Mata cuenta, entre otros, con conexiones ilegales de luz. Esto faculta también a Mossos d’Esquadra a investigar por delito económico, medioambiental y por la propia ocupación ilegal. Todo ello forma parte del dispositivo de investigación establecido por Mossos d’Esquadra en paralelo al desalojo de este lunes.
Tres años de asentamiento
El Ayuntamiento de Mataró mantiene desde 2022 varios expedientes urbanísticos contra el cámping ilegal de la carretera de Mata, situado en terrenos protegidos donde no se puede edificar. Los propietarios, Inmobiliaria Mar SLU, y la empresa arrendataria Nayla BNS SL han sido advertidos de la gravedad de los hechos y del riesgo que comporta la actividad, que también es objeto de investigación por la Fiscalía de Medio Ambiente y los Mossos d’Esquadra y se encuentra en manos de los juzgados de Barcelona. El Ayuntamiento ha impuesto sanciones por más de 25.000 euros por obras y parcelaciones ilegales y, además, decretó el pasado junio la clausura de la actividad y el precinto de una parcela adyacente donde se estaban realizando movimientos de tierras sin permiso.
El Ayuntamiento de Mataró había aprobado hace un mes el decreto para iniciar la ejecución forzosa de clausura del cámping ilegal situado en la carretera de Mata, en terrenos rústicos protegidos donde se desarrollan actividades sin licencia. El consistorio pedía así autorización judicial para acceder a las 12 parcelas, desalojar a las personas que viven allí y retirar instalaciones, aparatos y residuos que supongan riesgo de incendio. Este es el último paso desde que se firmó un primer decreto donde se daba a la empresa mercantil Nayla BNS SL (arrendataria de los terrenos) los plazos legales para presentar las alegaciones que estimara y al no presentar ninguna, el 16 de julio se hizo otro decreto donde se acordaba la clausura y se daban 5 días para que la empresa hiciera el desalojo de forma voluntaria y retirara todos los aparatos, equipos, instalaciones, objetos que comportan un riesgo de incendio. Este decreto también daba 30 días para la retirada del resto de construcciones e instalaciones existentes (cobertizos, casetas, barracas).
- Los terrenos, que conectan con el Parque Natural del Montnegre y Corredor, se consideran de especial vulnerabilidad: en los últimos meses se han producido varios incendios y la acumulación de instalaciones, conexiones eléctricas y residuos incrementa el riesgo.
- Todos los gastos de la actuación se repercutirán a la empresa arrendataria, mientras que los propietarios, Inmobiliaria Mar SLU, son considerados responsables subsidiarios.
La presencia continuada de personas viviendo dentro del camping, afirmaba el Ayuntamiento, aumenta de manera considerable el riesgo de incendio forestal, ya que actividades cotidianas como cocinar, calentarse, utilizar aparatos eléctricos o acumular residuos pueden provocar fácilmente un fuego accidental. A ello se suma la falta de medidas de autoprotección adecuadas —como equipos de extinción, vías de evacuación o puntos de reunión— y la falta de información de los ocupantes sobre los riesgos y protocolos de emergencia. Todo ello hace que, en caso de incendio, no dispongan de la capacidad de respuesta necesaria para afrontar una situación de emergencia con garantías.
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